Prevención del lavado de activos: el proyecto obtuvo dictamen de mayoría en el Senado
El proyecto de ley que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del Lavado de Activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva obtuvo este miércoles dictamen de mayoría en la Cámara de Senadores y quedó listo para ser llevado al recinto de sesiones antes de fines de febrero.
La iniciativa contó con el apoyo de los legisladores de La Libertad Avanza, PRO, el radicalismo, el Frente Renovador de la Concordia de Misiones y Cambio Federal, en tanto que los integrantes del interbloque del Frente de Todos se negó a estampar su firma, pese a que el proyecto había sido presentado e impulsado por el gobierno de Alberto Fernández y aprobado por la Cámara de Diputados en abril del año pasado.
El artículo quinto del proyecto fue cuestionado por todos los sectores porque dejaba en el ámbito del Ministerio de Economía a la Unidad de Información Financiera.
De hecho, durante la anterior reunión plenaria de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda la oposición planteó introducirle cambios al proyecto y que vuelva a Diputados.
Sin embargo, los legisladores de la oposición que firmaron el dictamen lo hicieron en base a una promesa que, según admitieron, les hizo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, vinculada a que una vez que la iniciativa sea sancionada el Poder Ejecutivo vetará el artículo que genera las disidencias.
De ser así, la norma quedará, en ese punto, completada por la actual legislación que establece que la UIF se mantiene en la jurisdicción del Ministerio de Justicia.
La intención del oficialismo y de los bloques que apoyaron la iniciativa es sesionar el próximo viernes 23 de febrero, aunque, antes, el Poder Ejecutivo deberá extender el período de sesiones extraordinarias que finaliza el próximo día quince.
El apuro por sancionar la ley está vinculado con que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) comenzará a realizar su evaluación a la Argentina el 3 de marzo y la finalizará el 23 del mismo mes.
El país necesita tener aprobada la norma para no caer en la denominada Lista Gris de países con legislación endeble en materia de lavado de activos.
Fuente: Télam