El oficialismo negocia para garantizar la votación en particular de la "Ley Bases"

Desde la Libertad Avanza se busca evitar un mayor "desguace" del proyecto original y asegurar el voto de los bloques "dialoguistas" en lo referido a las facultades delegadas, las privatizaciones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el pedido de coparticipar el Impuesto PAIS.

El ministro Francos, uno de los principales negociadores del Gobierno con los diputados "dialoguistas". Fotos: NA

El oficialismo buscará, hasta el debate en el recinto que retomará este martes, alcanzar acuerdos con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados en los artículos que mantienen discrepancias, referidos a facultades delegadas, privatizaciones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con el fin de tener las mayorías para aprobar en particular el martes próximo el proyecto de Ley Bases.

La Cámara de Diputados aprobó el viernes pasado en general por 144 a 109 votos el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta el martes a las 14 para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma. Quedó claro el temor de parte del Gobierno, que la votación de los artículos, inmediatamente después de la votación "en general", iba a generar ruido a la luz  de que no se habían cerrado ciertas objeciones de parte de los "dialoguistas". 

Sin embargo, uno de los que aparece como interlocutores con los gobernadores y legisladores "dialoguistas", el ministro del Interior Guillermo Francos, a pesar de haber sido desautorizado en innumerables ocasiones y aparecer como "renunciado", afirmó este sábado que están "prácticamente todos bastante cerrados" los acuerdos para el debate parlamentario sobre los artículos de la Ley Bases. 

Mayores recursos coparticipables

De todos modos, el punto que genera mayores discrepancias es el reclamo de las provincias que piden la coparticipación del Impuesto PAIS, que tiene una recaudación de unos 500 mil millones, una idea rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, es uno de los impulsores de esta salida, que generó controversias, a partir de una promesa del ministro Francos y la posterior desmentida del Ejecutivo a través del vocero Manuel Adorni. 

Los legisladores de bloques dialoguistas podrían aceptar diferir esa discusión cuando se analice el pacto fiscal y el paquete tributario, si el Gobierno acepta reformar el articulo sobre el Fondo Garantía de Sustentabilidad para que asegure el flujo de fondos para aquellas cajas provinciales que están armonizadas con la Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba, indicaron voceros parlamentarios.

Venta de empresas públicas

Otro de los puntos donde aún hay discrepancias es en el paquete de las privatizaciones de las empresas del Estado, pese a que el jueves el Gobierno propuso quitar de esa lista nueve compañías.

Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación y de Arsat.

El secretario parlamentario del bloque radical, Alejandro Cacace, dijo a Télam que la UCR aspira a que "se realicen cambios en el artículos para que la evaluación patrimonial de cada empresa sea hecha de forma independiente al Gobierno".

Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicios de Radio y Relevisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRTA), Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Que buena parte de las empresas "separadas" del lote sujeto a privatizar tengan sede en la provincia de Córdoba, ya se lo adjudican al mandatario cordobés,

El Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT.

En tanto, otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, AySA, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscales, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras, quedan sujetas a privatización.

En cambio, sí hay acuerdo en aprobar el artículo que establece la emergencia que quedó limitada a seis materias: administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética, y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.

Sin consenso sobre la "delegación de facultades"

Donde hay disidencia es en algunos artículos donde se delegan facultades. Algunos diputados piden que el Gobierno no tenga atribuciones para poder eliminar fondos fiduciarios que son importantes para las provincias, como el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, y Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

Otros puntos que aún faltan acordar, son los cambios en el artículo sobre modificaciones al Código Penal en temas de protestas, y la reforma sobre endeudamiento, en los cuales hasta ahora no hubo avances entre oficialistas y dialoguistas, señalaron voceros parlamentarios.

La discusión en particular que dará comienzo este martes, durará al menos dos días. El dictamen de mayoría de 383 artículos importará fuerte discusiones en los capítulos sobre emergencia pública, privatizaciones, seguridad, educación y reforma del Estado debido a la cantidad de oradores que ya se anotaron.

Este martes, el segundo tiempo del partido

El segundo capitulo se escribirá el martes cuando los diputados vuelvan a sentarse en sus bancas y el oficialismo deberá conformar nuevamente quórum con los bloques dialoguistas, porque ni Unión por la Patria ni la izquierda colaborarán para que se alcance el piso de 129 necesario para comenzar a votar cada artículo en particular.

Fuente: Télam

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