La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó a legisladores nacionales un informe de 60 páginas en el que advirtió sobre los "alcances regresivos" del proyecto de Ley "Bases y Principios para La Libertad de los Argentinos" para los niños, la salud mental y el derecho a peticionar y asegura que supone una "reforma constitucional encubierta".

El documento repasa los temas centrales que considera son retrocesos en materia de derechos, entre los que menciona la criminalización de la protesta social, la reforma a la ley de salud mental o el régimen de niñeces.

También denunció la imposición de una dinámica que consideró "extorsiva" para el debate: "la lógica del todo o nada propia de los regímenes autoritarios".

La CPM envió el documento a diputados y senadores nacionales, en el que advirtió que la situación que atraviesa el país "no justifica de ninguna manera esta avanzada contra garantías y derechos consagrados en la Constitución Nacional y los pactos y tratados internacionales a los que la Argentina adhirió hace décadas y hoy tienen jerarquía constitucional".

"La decisión política de imponer una reforma y un cambio cultural sin consensuar ni escuchar a otros actores, echa por tierra los pilares sobre los que se sustenta la construcción democrática", sostuvo en el texto y señaló que "así no se gobierna en una democracia. La lógica del "todo o nada" es propia de los regímenes autoritarios".

Además, denunció que se trata de una "reforma constitucional encubierta", señaló el "incumplimiento" de tratados internacionales con jerarquía constitucional y advirtió sobre la "gravedad institucional" que implica para el sistema representativo, republicano y federal la "delegación extrema de facultades legislativas en el poder ejecutivo y la reforma electoral propuesta".

También dedicó un apartado especial al intento de "ilegalizar la protesta social y limitar el derecho a peticionar a las autoridades", lo que "constituye la base del sistema republicano de gobierno que establece nuestro ordenamiento jurídico".

"La modificación del artículo 194 del Código Penal y la incorporación del 194 bis, amplia los sujetos alcanzados por estos, que ya no serán solo quienes marchan. Los organizadores y coordinadores de una marcha, las personas que difunden la convocatoria, quienes trasladan a la gente, quienes provean material logístico, los que pasen lista o registren por cualquier medio el evento, serán también alcanzados por el castigo penal", explicó.

Remarcó que "su aplicación produciría graves restricciones de derechos fundamentales en nuestro país, al ya mencionado de peticionar a las autoridades, se suman el de reunión pacífica y de libertad de expresión, derechos que se encuentran protegidos de cualquier injerencia arbitraria del Estado en la Constitución Nacional".

El documento de la CPM incluye dos apartados especiales referidos a las modificaciones en la Ley Nacional de Salud Mental y el tratamiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, "consagrando gravísimos retrocesos en materia de derechos".

"Para la CPM, a 40 años de ejercicio democrático, es necesario que todas las fuerzas políticas y sociales sean parte de estos debates, a fin de fortalecer y profundizar este sistema, en la convicción de que democracia y respeto de los derechos humanos son valores indisolubles que no existen por separado", concluyó la CPM en un comunicado.

Fuente: Télam