La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que aborda temas de transparencia de manejo del Estado, realizó una investigación que arrojó que la canciller Diana Mondino, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores continúa siendo la accionista mayoritaria del banco Roela junto con su hermano Guillermo Mondino.

Un informe de una calificadora de riesgo publicado el 15 de diciembre de este año confirma que la composición accionaria no se modificó, según publicó Ámbito Financiero, de acuerdo con la información que publica el Banco Central de la República Argentina.

La información es importante ya que la cordobesa Diana Mondino es una de las funcionarias que firmó el mega decreto de Milei, que entre varios puntos, desregula la economía, lo que de forma directa la tendría como beneficiaria.

ACIJ considera que la funcionaria “debería haberse excusado” y Poder Ciudadano señaló que la Oficina Anticorrupción tiene que estudiar el caso.

Cabe recordar que la medida mencionada apunta centralmente a desregular una serie de actividades económicas, como la energía, la minería, la industria, el comercio, el sector inmobiliario y las finanzas.

Sobre este último punto, el decreto elimina el tope de tasa que se les cobra a comercios, quita el techo al interés punitorio por demoras en el pago de tarjetas de crédito y deroga sanciones a las empresas que no informen la tasa de interés. A la vez, omite la gratuidad en la apertura de las cuentas sueldo y las extracciones de dinero para el empleado (figuraban de forma expresa hasta ahora) y abre la puerta a la privatización del Banco de la Nación Argentina.

La eliminación del tope de intereses punitorios y la eventual privatización del Banco Nación podrían favorecer a las entidades financieras privadas. Por lo tanto que Mondino firme un decreto con consecuencias en la regulación del sector bancario siendo ella misma accionista mayoritaria de un banco abre interrogantes.

Desde la fundación especializada en transparencia Poder Ciudadano, señalaron que “es una situación a prestarle atención” y agregaron que “la Oficina Anticorrupción debería estudiar el tema en profundidad y analizar si configura un caso de conflicto de intereses”. La organización no gubernamental publicó un comunicado el viernes pasado que advierte sobre el perjuicio del DNU en la división de poderes.