La comunidad académica de la UNC se pronunció en defensa de la educación pública

Especial para La Nueva Mañana

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de Córdoba emitió un comunicado advirtiendo que el patrimonio cultural construido a lo largo de los últimos 40 años se encuentra “severamente amenazado” ante la propuesta privatizadora del candidato libertario.

Los más de 4.000 firmantes del documento, entre lo que hay exrectores, exdecanos y exdecanas, concliliarios, estudiantes y egresados, y no docentes, señala que “en los próximos días vamos  a decidir con nuestro voto si el sistema científico-tecnológico continúa ampliando sus logros en  todos los campos de la investigación básica y aplicada, generando mejores capacidades y  herramientas para el desarrollo socio-productivo, la diversidad artística y cultural y la expansión  de las fronteras del conocimiento o si, en cambio, se convierte otra vez en un territorio devastado  por los intereses económicos, el desmantelamiento del sistema científico y el disciplinamiento ideológico”.

“Es una iniciativa ante el temor por las consignas destructivas del partido libertario”

Carolina Scotto, ex decana y exrectora de la UNC, contó a este LNM que “la iniciativa surgió de manera muy espontánea entre diferentes sectores de opinión y generaciones” ante el “temor por las consignas destructivas con las que se ha orientado la campaña del partido libertario que afectan a distintos sectores sensibles del estado como es el sistema universitario, el educativo en general y el científico en particular”. Desde esa preocupación, la comunidad académica enfatizó en las razones positivas por las cuales defender el sistema de educación pública. “La universidad debe ser comprendida en su significación estratégica para el país, apreciando los logros que ha acumulado en estos 40 años de democracia”, aseveró la exrectora.

“La matrícula creció de 300.000 a 2.000.000”

Además, la exrectora destacó que hay sobrados motivos para sentirnos orgullosos del esfuerzo que Estado Nacional y el sistema Universitario, de manera coordinada en casi todas las etapas de este período hemos logrado sostener para alcanzar estos resultados. “Nosotros hemos progresado el volumen de matrícula, hemos pasado de trescientos mil alumnos después de la brutal caída por el cierre de carreras y el achicamiento de las universidades en la dictadura a dos millones”. En ese sentido, Scotto destacó que “estamos significando a una porción muy importante de la sociedad que está apreciando la significación de poder formarse en una carrera universitaria, de poder participar de manera activa en el desarrollo productivo, de innovación tecnológica y de investigación científica”.

Por otro lado, Scotto destacó que a lo largo de estos años el sistema universitario ha crecido en expansión territorial; ha profundizado sus modos de organización democrática y autónoma, logrando niveles de convivencia internos y de estabilidad institucional. A su vez, señaló que el rol de las universidades no se agota en la formación de profesionales, sino que existen intervenciones indirectas en la sociedad al articular con organizaciones sociales y con los Estados, en las diferentes problemáticas que le aquejan. Desde esta óptica, el desfinanciamiento del sistema de educación pública no sólo perjudica a quienes asisten a las aulas, sino a toda la comunidad ya que “compromete gravemente la continuidad de todas estas áreas, los destinos laborales de nuestros científicos, como ya ocurrió durante la dictadura que además, ahora están reivindicando”.

“Desfinanciar la educación pública es acabar con la movilidad social”

Sobre las propuestas de desfinanciamiento del sistema educativo, el exrector de la UNC Francisco Tamarit le dijo a LNM que “va a acabar con un gran mecanismo de movilidad social” y destacó que el modelo argentino y uruguayo, son exitosos en la región. De este modo, se posicionó en contra del arancelamiento de las universidades porque “va a imposibilitar, sobre todo a los sectores de baja renta, que puedan encontrar en la Universidad de una forma también de acceder a mejores opciones”. A su vez apuntó a que el desarme del sistema de educación pública incidirá directamente en la participación e incidencia que tienen las casas de altos estudios en discutir parte de la agenda pública.  

A su vez, el exrector señaló que la comunidad académica mira con particular preocupación las propuestas hacia el sector del conocimiento ya que “es el bien más preciado de las naciones porque es el motor de transformación social y de producción de mejor calidad de vida. En ese sentido, advirtió que “plantear la desconsideración de los actores de conocimiento es una solución extremadamente peligrosa, que es fácil de realizar pero va a ser muy difícil de revertir”.

“Están en riesgo un montón de valores democráticos”

La preocupación de los universitarios y científicos se excede a las casas de altos estudios ya que “también entendemos que se ponen en riesgo un montón de valores democráticos que nos ha costado mucho conseguir en estos 40 años, aún admitiendo que la democracia tiene grandes deudas con la sociedad”. Y subrayó la necesidad de hacer hincapié en el respeto a los Derechos Humanos y sociales, “y eso no se puede hacer a partir de un proyecto que busca eliminar derechos”.

Tamarit apuntó contra las reivindicaciones que se hacen desde La Libertad Avanza sobre el terrorismo de Estado, que “no sólo dañó el sistema universitario, sino que afectó a toda la sociedad, en un período corto de tiempo y que costó mucho recuperarnos de eso”. Sobre el peligro que implican los discursos negacionistas que promueven desde el sector de ultraderecha se pronunció la Asociación de rectoras y rectores de la República Argentina, y numerosos investigadores e investigadoras que residen en el exterior, “no sólo por lo que pueda significar para la ciencia, la tecnología y la vida universitaria, sino para nuestra democracia la llegada de estas ideas”. En el mismo sentido se expresó un grupo de dirigentes estudiantiles del ´83, que más allá de las diferencias políticas, aunaron pronunciamientos en defensa de los derechos y la democracia.

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