Un comunicado firmado por Mabel Sessa, Luis Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet, y Carlos Vicente, co-presidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba), repudió este martes el accionar policial y pidió “nunca más violencia institucional” en torno al caso de un joven que trascendió en las últimas horas que fue privado en forma ilegítima de su libertad y sufrió amenazas por parte de efectivos policiales. 

El texto titulado "Nunca más violencia institucional en Córdoba" refleja un caso que trascendió en las últimas horas y que denunció un chico de barrio IPV Argüello, por el cual unos ocho efectivos policiales fueron imputados y se investiga lo ocurrido. Por el caso, seis de los policías fueron detenidos.

Según la APDH Córdoba, "la fuerza que comanda la comisario general Liliana Zárate Belletti sigue llevando adelante prácticas propias de la pasada dictadura cívico militar, pese a que este año, celebramos el 40° aniversario de la recuperación democrática".

"Desde la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Córdoba) señalamos que el accionar policial ilegal, propio de épocas donde no estaban garantizados los Derechos Humanos ni civiles; es una política avalada o cuánto menos, tolerada por el Gobierno de Córdoba, que criminaliza a la juventud y a la población que vive en barriadas populares y de la periferia de la Capital", asevera el duro comunicado.

"Una vez más, como en el homicidio calificado de José Antonio Avila, los policías que allanaron ilegalmente las viviendas en busca de un vehículo robado, y que privaron clandestinamente de su libertad a un adolescente, al que amenazaron con matarlo mientras le apuntaban con sus armas reglamentarias; no dieron aviso a sus superiores. Afortunadamente, la madre de la víctima denunció oportunamente este hecho de violencia institucional –otra vez las madres, como tantas veces en la historia de nuestro país y de nuestra provincia-, y el adolescente apareció con vida", señala el texto difundido este martes.

"En estos casos, como tantos otros, es común que opere el espíritu de cuerpo, donde los uniformados que participaron directamente del hecho, como así también sus encubridores, borran, inventan y alteran pruebas contra su víctima, una práctica habitual en la fuerza que comanda la comisario general Zárate Belletti, pero que viene desde mediados de la década del ’70, en épocas en que Córdoba estaba en manos del genocida Antonio Navarro", continúa.

"Una vez más, la Policía de Córdoba demuestra que es necesario que sus 22.000 efectivos sean formados en materia de Derechos Humanos y civiles; donde se respeten normas constitucionales básicas como la inviolabilidad del domicilio y que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", indica el comunicado.

Y cierra: "A 40 años de la recuperación de la democracia, y con casos de violencia institucional muy graves como los asesinatos de Blas Correas y Joaquín Paredes –se está realizando el juicio contra seis policías-, desde APDH Córdoba ratificamos que Nunca Más debe ser tomado como una política de Estado por el Gobierno de Córdoba y no como una frase de cortesía y vacía de contenido sólo recordada los 24 de Marzo".

Ocho imputados, seis detenidos

Esta mañana, se informó oficialmente que la Dirección general de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad "inició una investigación a fin de determinar las responsabilidades de los agentes de la Policía de Córdoba, pertenecientes al Comando de Acción Preventiva (CAP), investigados por haber participado presuntamente de un procedimiento de dudosa legalidad en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba".

"Seis de los efectivos involucrados fueron puestos en situación pasiva por el término de seis meses, mientras que a otros dos se les ordenó el retiro preventivo de armamento", precisaron en una comunicación oficial.

Todo comenzó por el robo de una moto, en la cual un grupo de policías “allanaron” una casa de barrio IPV Argüello, secuestraron a un adolescente, lo pasearon en un patrullero y lo amenazaron para que “confiese” el robo. 

La fiscal Jorgelina Gutiez -que investiga el caso denunciado por la madre del joven secuestrado- ordenó procedimientos que culminaron con la detención de policías -en actividad o retirados- y civiles.

En total son cuatro efectivos y dos civiles fueron imputados por diversos delitos como amenazas calificadas, coacción, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio y allanamiento ilegal.