Duro comunicado del Consejo Interuniversitario contra el gobierno jujeño
En un documento manifestó su preocupación por los hechos ocurridos en Jujuy y expresó que "avasallan a las instituciones universitarias" del país.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un documento en el cual "manifiesta su extrema preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Jujuy que avasallan a las instituciones universitarias de nuestro país".
Este comunicado surgió luego que el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, expreso su intención de expropiar tierras en las que se encuentra el sitio arqueológico del Pucara en el Centro Universitario Tilcara, perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde el año 1949.
“Esta decisión pone en alerta al sistema universitario en su conjunto ya que desconoce las competencias asignadas por la constitución provincial al Congreso local como único órgano competente para aprobar una eventual ley de expropiación”, dicen las universidades nacionales. Estas expresiones de Morales fueron tomadas como una franca amenaza no solo a la institución, sino también a los trabajadores docentes y no docentes, muchos de ellos pertenecientes a pueblos originarios, a quienes Morales dijo tener “individualizados”.
Por otro lado, la Universidad Nacional de Jujuy repudió el ingreso de personal uniformado de la Policía de la Provincia "al predio de la UNJu ubicado en avenida Bolivia en momentos en que se desarrollaba sesión ordinaria del Consejo Superior, órgano máximo de gobierno de la Universidad, con la participación del Gremio de Docentes ADIUNJU y representantes de organizaciones estudiantiles".
Estas acciones violentan la Autonomía Universitaria y la libertad de cátedra vulnerando el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional "que consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales" y artículo nº31 de la Ley de Educación Superior que dice "la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales sino media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de autoridad universitaria legítimamente constituida".
"Estos hechos revisten suma gravedad institucional y condicionan e interfieren en las posibilidades de diálogo para la generación de consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social", concluye el comunicado.
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