Los derechos democráticos básicos se ponen en juego en las próximas elecciones

Especial para La Nueva Mañana

OPINIÓN

En momentos en que –debido al turbulento momento que atraviesa el país y la sociedad toda-  se supone que todo el arco político debiera estar ávido de hacer llegar a los potenciales votantes sus propuestas detalladamente con la finalidad de seducirlos – y esperanzarlos-,  mediante la comunicación clara y convincente acerca de todas y cada una de las medidas que tienen preparadas y dispuestas para resolver cada uno de los múltiples problemas que tiene la ciudadanía argentina, a lo que se asiste -muy lejos de este escenario- es a un ejercicio de vocinglería estruendosa colmada en extremo de epítetos descalificativos -que suelen llegar hasta la grosería y al insulto- hacia los adversarios internos y externos de cada espacio político, sin que estén presentes ideas, no ya propuestas o medidas, sino que ni siquiera se presentan discursos tranquilizadores que, al menos, hagan llegar algún sosiego al actual estado -de convulsión y confusión- reinante. Pero, con esto y todo, lo más grave –del estado político argentino actual- lo constituye una serie concatenada de ataque virulento al sistema democrático del país que cobró un impulso- figurativamente- supersónico desde el 1 de setiembre del 2022, y que lejos de menguar, o aminorar, o desacelerar su ofensiva anti democrática pareciera ir en un in crescendo interminable, y cuya magnitud de daños colaterales son inimaginables.

El fallo de una bala y un fallo certero

El atentado contra la vida de la actual vicepresidenta (a la vez figura central de la política argentina) del gobierno en ejercicio -además de dejar estupefactos a propios extraños mediante la contemplación de las imágenes reiteradas mediáticamente- marcó el inicio brutal de un avance contra el pacto democrático -alcanzado en 1983- trayendo de vuelta al asesinato como herramienta política para obtener fines de poder y de gobierno. Si bien este “arranque” fue bestial lo que siguió –ya por cuenta de la justicia- incrementó la capacidad de daño destrozando la (por cierto ya prácticamente inexistente) credibilidad en la justicia vernácula. “Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”; así, el 11 de setiembre de 2022, con un título más apropiado a un órgano de difusión de una agrupación mafiosa –como la Camorra o la N´dranghueta- que a un medio periodístico convencional Clarín explicitó –a la par de sus deseos- la vinculación existente  entre la justicia y el poder del grupo,  y demostrando abiertamente que el alcance del poder de fuego de este tándem iba a lograr impedir cualquier posibilidad de justicia para Cristina Fernández. Más tarde –descaradamente- esta entente tuvo una reunión espuria en una mansión sureña (propiedad de un magnate inglés que se ha apropiado de un lago argentino). La reunión fue revelada por los medios de comunicación. En cualquier país esta revelación hubiera provocados renuncias de jueces y funcionarios y un acarreado graves consecuencias para el grupo económico (Clarín); pero una vez más la entente volvió a lograr la disolución del asunto vía medios y jueces propios.

Menú a la carta: Represión, cárcel y muerte

Si bien el plato de fondo (muerte) comenzó a circular de modo potente –partiendo desde el discurso hasta llegar a gatillarle a la cabeza de CFK-  entre los grupos marginales como Revolución Federal, la oferta del mismo comenzó a estar presente –con ímpetu y determinación-  en los discursoS de algunos dirigentes centrales de la oposición. Así Espert –hoy flamante JxC- reitera enfáticamente  una y otra vez que para los manifestantes de las agrupaciones sociales (especialmente para sus dirigentes) tiene preparado un destino carcelario, so pena de correr el riesgo de ser alcanzados por las balas que promete usar a mansalva para los “delincuentes comunes” . Por su parte la candidata Patricia Bullrich no se cansa de expresar que –de llegar a la presidencia-  su plan de contención social será el de utilizar la represión estatal al máximo potencial posible a fin de no tolerar en lo más mínimo la protesta social ante el ajuste brutal que promete realizar inmediatamente llegada al poder. En breve, el plan económico brutal será impuesto a sangre y fuego sin importar la cantidad o la calidad de los daños colaterales que esto implique. La candidata sigue a pie juntillas lo expresado por su mandante ideológico y espiritual, Mauricio Macri, quien dijo en televisión que el próximo gobierno –de su lineamiento económico y social- deberá soportar los muertos que seguramente provocarán las medidas represivas extremas que deberán aplicarse contra quienes protestaran.

El NOA, las llamas y los fuegos

Y en medio de este torbellino mediático, que da pavura a una gran parte de la población que asiste impávida al descaro con que se exponen los planes de posibles próximos gobiernos, en Salta y Jujuy se viven horas de intensas e incesantes manifestaciones multitudinarias por diversos tipos de reclamos – básicamente salariales, pero varios otros también-  que son invisibilizadas por los grandes medios de todo el país. Especialmente en Jujuy se viven horas de una efervescencia social que debiera ser observada con especial atención habida cuenta de los antecedentes que esta provincia ha dejado para el país luego del ascenso de Morales a la gobernación. Hoy, igual que ayer, Jujuy vuelve a intentar ser un espacio experimental para el avance en el socavamiento –antesala del derrumbe- de la democracia y los derechos que este sistema de gobierno pone al alcance de los ciudadanos. Así la reforma constitucional provincial que avanza -sin que no se le logre poner coto a esta embestida-, sin pausa pero con prisa, prevé dos instancias sumamente dañinas, cuando no letales, para la democracia. Por un lado mediante esta reforma se pretende que el gobernante de turno obtenga, prácticamente, la suma del poder público más allá de cualquier representatividad parlamentaria de la oposición (a través de sus diferente espacios políticos); y, por otra parte, en un punto central en lo referente a los derechos democráticos, se pretende lograr una prohibición total y absoluta del derecho a la protesta social, obteniendo para esta prohibición el rango constitucional. En este sentido los docentes vienen denunciando que en este mismo momento el gobierno de Jujuy aplica multas varias veces millonarias a aquellos sectores que protestan a la vez que ejercitan los despidos masivos de los docentes que se manifiestan en reclamo a una urgente recomposición salarial. Es imperioso recordar que Jujuy sirvió de espacio de ensayo para el encarcelamiento a opositores. Allí se realizó el encarcelamiento político de la dirigente social Milagro Sala, el cual permitió que –luego de constatar que no había costo alguno en hacerlo- se llevara adelante una persecución masiva de opositores que fueron también encarcelados previa instalación de un dispositivo jurídico inexistente (el poder residual). Hoy, una vez más, el experimento Jujuy está en marcha.

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