AFIP clausuró una destilería por maniobras fraudulentas con granos
La presunta maniobra de la firma habría consistido en la utilización de los granos para la elaboración de alcohol o bebidas espirituosas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautó más de 60 toneladas de materias primas y clausuró dos establecimientos de la provincia de Córdoba, tras detectar irregularidades con granos y sus derivados.
Agentes de la Dirección General Impositiva (DGI) constataron las inconsistencias tras llevar adelante una fiscalización presencial en una de las principales destilerías del país y en un centro de acopio.
En la capital provincial, las áreas especializadas de la AFIP -a través del seguimiento y monitoreo en la registración de los movimientos sistémicos de una importante destilería- habían advertido un atraso considerable en la declaración de los ingresos y salidas de las materias primas utilizadas en la actividad del establecimiento.
Los inspectores de la DGI constataron que el atraso en los registros superaba los 60 días y que el volumen de cereal en los depósitos era notablemente inferior a lo declarado.
La diferencia de las existencias ascendía a más de 4.300 toneladas de maíz, 170 toneladas de cártamo y 97,3 toneladas de soja, equivalente a la capacidad de carga completa de 152 camiones, con un valor estimado en más de $280 millones.
La presunta maniobra de la firma habría consistido en la utilización de los granos para la elaboración de alcohol o bebidas espirituosas para luego comercializarlo en el mercado informal.
La normativa de la AFIP establece que los operadores del comercio de granos, incluidas las destilerías, están obligados a un régimen de registración sistémica de movimientos y existencias de granos no destinados a la siembra, que permite un adecuado seguimiento y control de las operaciones involucradas.
La falta de cumplimiento de esta disposición facilita la evasión de las obligaciones fiscales, a la vez que resta transparencia a las operaciones de comercialización.
Por otro lado, en la localidad cordobesa de Tancacha, la DGI interdictó 60 toneladas de expeller de soja y 2,5 toneladas de aceite de soja, valuadas en $6 millones.
El personal del organismo acudió a un acopio y mediante un control de facturación, recuento físico de granos, mercaderías y subproductos comprobó que la firma no poseía el respaldo documental ni documentación que demostrara su propiedad, por lo que también se le impuso una sanción de clausura por cuatro días.
Fuente: Télam
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