Piden el apartamiento del legislador Serrano de la Unicameral
Los integrantes de la bancada oficialista presentaron este lunes una nota al vicegobernador Manuel Calvo pidiendo que el legislador Patricio Eduardo Serrano sea apartado hasta tanto se resuelva la denuncia que pesa en su contra por violencia familiar. El bloque de Juntos UCR también presentó una solicitud similar, y el viernes pasado, el FIT-Unidad pidió que se lo expulse.
Cabe recordar que el Juzgado en lo Civil, Comercial, Familia y Conciliación de Primera Nominación de Cosquín, Carlos Machado, ordenó la semana pasada una medida preventiva contra Serrano ante una denuncia por violencia familiar.
La primera solicitud en la Unicameral la hizo la legisladora del FIT Unidad, Noelia Aguero, para que sea expulsado. El texto de la requisitoria señala: "El caso del legislador Serrano es un caso de violencia de género que involucra a un representante del poder político, no sólo de un espacio político puntual sino de esta Legislatura que ha votado la adhesión a la Ley Micaela (...) que establece la capacitación obligatoria para quienes nos desempeñamos en la función pública".
Serrano pertenece al bloque oficialista de Hacemos por Córdoba, pero se presentará en las próximas elecciones, para intendente de Lozada, pero por Juntos por el Cambio.
Por su parte la defensa del legislador afirmó que: "la denuncia no es por violencia de género, sino por violencia familiar", además calificó a los hechos como "controvertidos y falsos" y que rige el principio de inocencia sobre Serrano.
Ahora, quien pide que sea apartado son los integrantes del bloque de Hacemos por Córdoba que elevaron una nota al vicegobernador Manuel Calvo. En tanto, la legisladora del bloque Juntos UCR. Patricia De Ferrari, adelantó que presentará “una cuestión de privilegio pidiendo el apartamiento como legislador de Patricio Eduardo Serrano miembro del bloque Hacemos por Córdoba hasta tanto la justicia se expida sobre su situación procesal”.
En un hilo de Twitter, explicó los fundamentos de la solicitud: “Creemos que es un momento donde para fortalecer la credibilidad de la ciudadanía frente a la clase política y las instituciones, es fundamental mantener la ejemplaridad lo que incluye el cumplimiento estricto de las normas”.
“Esta es una acción preventiva como la Ley Micaela o la Ley Lucio porque está claro que los hechos de violencia de género y de violencia familiar siguen ocurriendo, en causas donde además se involucran a funcionarios de la provincia”, agregó.
Y cerró: “Estamos comprometidos a sostener una política de tolerancia cero frente a estos hechos”.
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