Especial para La Nueva Mañana

En las filas de la alianza gobernante hay optimismo. Los diputados del Frente de Todos creen contar con los apoyos necesarios para transformar en ley una nueva moratoria previsional. Se trata de un tema que no genera grietas al interior del Gobierno, al punto que el ministro de Economía, Sergio Massa, celoso del orden fiscal, apoya la iniciativa. Por lo que, con el respaldo de bloques aliados, esperan conseguir el quórum la semana próxima. De no ser así, especulan algunos, la moratoria (que ya cuenta con media sanción del Senado) podría ser aprobada por el presidente mediante un decreto. 

La iniciativa viene a dar respuesta a un problema cada vez más recurrente: trabajadores que llegan a la edad para jubilarse, pero no pueden hacerlo por falta de aportes. De acuerdo a cifras publicadas por la directora de Anses, solo 1 de cada 10 trabajadoras y apenas 3 de cada 10 trabajadores tienen al día los pagos previsionales. Por lo tanto, la ley permite que se jubilen este año 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones en edad de hacerlo, pero que no podrían al no haber contribuido al sistema de previsión social.

En todo el país, podrían ingresar al sistema previsional nacional 800 mil personas, cancelando su deuda en un plan de pagos de hasta 60 cuotas. Mientras que en Córdoba la ley beneficiaría a 54 mil personas en edad de jubilarse. El proyecto que se discutiría el martes próximo permite el acceso a la jubilación y al mismo tiempo el pago de los aportes no realizados, “por lo tanto el Estado recauda y recibe ingresos tributarios para compensar los años no tributados”, señaló a este medio Leandro Gamba, jefe de la Unidad de Atención Integral Córdoba de Anses. 

Con las moratorias implementadas a partir del año 2004, más de la mitad de los jubilados actuales accedieron a través de este mecanismo, de un universo mayor a 7 millones de personas. Esto ocurre por dos factores: la discontinuidad en el pago de aportes por sucesivas crisis económicas con efectos en la oferta de empleo formal, y porque en Argentina la seguridad social es considerada un derecho humano. Así lo determinan nuestra Constitución y convenciones internacionales a las que suscribe el país. Por tanto, “cualquier discusión que sostenga que solo le corresponde el acceso al sistema previsional al que tributó desconoce este principio básico de nuestra democracia”, explicó Gamba.  

¿Cómo se financia el déficit?

De acuerdo al último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el déficit del sistema previsional es de magnitud. El desequilibrio radica en que por cada jubilado hay en promedio 1,6 trabajadores activos aportando al sistema de Anses, cuando debería haber 3,3 aportantes por cada pasivo, para que las jubilaciones puedan ser sostenidas por los aportes de los trabajadores. En otras palabras, para sostener a los jubilados actuales debería aumentar en un 102% los trabajadores registrados. Por eso, actualmente el sistema previsional se fondea con parte de la recaudación impositiva.

Parte de los recursos fiscales generados por el IVA, Impuesto a las Ganancias, Impuesto a los Créditos y Débitos, como así también de los tributos a los cigarrillos y combustibles, son transferidos a Anses para financiar el déficit de la caja. De modo tal que $40 de cada cien pesos que Anses paga en concepto de jubilaciones proviene de la recaudación de estos impuestos, según un informe privado. Esto trae aparejado otro problema, asociado a que el principal financiamiento del déficit depende de un sistema impositivo regresivo. Es decir, el tributo impacta sobre la actividad económica y no sobre los patrimonios. En efecto, si la actividad aumenta, crece la recaudación, pero cuando decrece también caen los recursos fiscales.

Con este régimen previsional estructuralmente deficitario y fondeado con la recaudación impositiva, Argentina logró un nivel de cobertura de los más altos de la Región, con más del 90% de la población adulta mayor con jubilación y/o pensión. Sobre estas características del sistema y el plan de pagos de deuda previsional en cuestión, la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Córdoba, Alejandra Ferrero, precisó que se necesita abordar el problema en su complejidad. Si bien la moratoria es una “herramienta que ayuda” y no se puede “mirar para otro lado”, Ferrero también propone un “debate más profundo”, puesto que terminan siendo regla moratorias que “deberían ser un régimen excepcional de inclusión”. 

En diálogo con LNM, la especialista previsional destacó que la inclusión extendida en el sistema de seguridad social no está exenta de inequidades. Ocurre que las moratorias aplanan la pirámide de ingresos, quedando “equiparado” autónomos o monotributistas que aportaron “durante 30 años” con “alguien que nunca aportó”. “Lo correcto y responsable”, explicó la titular del estudio Ferrero & Asociados, “es que el Gobierno implemente mecanismos de inclusión laboral para ir acabando con la precariedad y la informalidad existente”.

El problema de fondo: la falta de un crecimiento sostenido

La principal dificultad es evidente. Los vaivenes económicos erosionan la oferta laboral y deterioran el mercado de trabajo. Tal es así que en los últimos siete años el empleo registrado se contrajo en cuatro años, acumulando ahora dos años consecutivos de paulatina recuperación. Además, Argentina no ha logrado romper con un núcleo duro de informalidad laboral, ubicado entre el 35% y 40% del mercado de trabajo, de acuerdo a informes privados. 

Pero el mayor problema radica en que de 1976 a esta parte hay un solo período donde confluyen crecimiento del PBI industrial per cápita, con disminución de pobreza y desigualdad, indicadores claves para el mercado laboral y el régimen previsional. Solo durante algunos años de principio de los noventa y durante el interregno 2004-2011 se dio esta confluencia virtuosa. En efecto, trabajar durante 30 años bajo la condición de asalariado registrado (por tanto, con aportes realizados por el empleador) es la excepción y no la regla. 

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