El Observatorio Lucía Pérez presentó los resultados de su último informe, el cual puso el foco sobre funcionarios denunciados por violencia de género.

Dicho informe arroja que hay 345 funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, y Judicial; de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica, denunciados por violencia de género. 

“Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

"El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans", aseguran desde el Observatorio.

Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de Policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.