La diputada Nacional del Frente de Todos Gabriela Estévez y la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) se sumaron a los repudios que el Movimiento Verde Cordobés y el Foro Ambiental Córdoba habían emitido frente a las modificaciones que la Legislatura de la Provincia impuso a la Ley Provincial de Ambiente 10.208.

El miércoles, el Gobierno de Córdoba avanzó a través de la Legislatura en la modificación de la Ley de Ambiente 10.208. El proyecto fue propuesto por la Secretaría de Ambiente de la Provincia, a cargo de Juan Carlos Scotto, y firmado por el Gobernador Juan Schiaretti.

La legisladora de Hacemos por Córdoba Nadia Fernández defendió la propuesta de modificación de los Anexos I y II de la Ley N° 10.208, al afirmar que busca "actualizar algunos conceptos y adecuarlos al Sistema Legislativo Ambiental de nuestra provincia”, desataron la furia de integrantes de organizaciones ambientales, quienes la acusaron de "mentirosa" y "persona no grata". 

"La reforma de la Ley de Política Ambiental que aprobó el schiarettismo en la Legislatura constituye un gravísimo retroceso en materia de protección ambiental", calificó Estévez a la decisión. Analizó la edil nacional que "la reforma aprobada viola el principio de progresividad exigido por la propia ley provincial en sintonía con la legislación nacional e internacional en materia de protección ambiental".

Precisó que con estas modificaciones se "dispone la flexibilización y la descentralización del control ambiental", ya que "a muchos proyectos ya no se les exigirá autorización provincial si cuentan con el visto bueno de los municipios"; y que "muchos proyectos ya no deberán pasar por una audiencia pública, restringiéndose la participación ciudadana, especialmente de las comunidades que se verán afectadas".

Finalmente, Estévez calificó que la reforma "es particularmente irresponsable y peligrosa en nuestra provincia, amenazada por recurrentes incendios e inundaciones, consecuencia de estas políticas neoliberales" y señaló directamente a la gestión del gobernador Juan Schiaretti, al que acusó de privilegiar "los intereses económicos de unos pocos en perjuicio de la seguridad ambiental de las mayorías y de las próximas generaciones".

Por su parte, la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), a través de un comunicado, denunció que esta modificación de la Ley Provincial de Ambiente pretende "favorecer a corporaciones agrícolas y ganaderas, negocios inmobiliarios, y empresas telefónicas”.

Asimismo, Raúl Montenegro, presidente de la entidad, acusó directamente al gobernador Juan Schiaretti y al secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto, de haber montado en la provincia "una mecánica ecocida que beneficia descaradamente a las grandes corporaciones, aumenta la destrucción ambiental, y provoca más daños a la salud".

Confrontó asimismo con el bloque de Hacemos por Córdoba en la Legislatura, que defendió la decisión como una forma agilizar trámites administrativos. "Las modificaciones a la Ley Provincial 10.208 no son ingenuas", enfatizó Montenegro, quien apuntó que se está violando el "Principio de Progresividad que establece la Ley Nacional de Ambiente en su Artículo 4".

En síntesis, responsabilizó al gobernador y su área de ambiente de reducir "la protección ambiental en lugar de aumentarla", al afirmar que "las normas pueden volverse más estrictas, pero no más blandas”.

“Queda claro”, indicó Raúl Montenegro, “que los cambios producidos en los Anexos I y II de la Ley 10.208, y que ya son ley, no fueron ni menores ni superficiales. Son coherentes con la política de gobierno de favorecer a las grandes corporaciones, reducir el contralor por parte del Estado y de la sociedad, y aumentar la degradación del ambiente y la salud. Son cambios groseramente inconstitucionales que se dan en el marco de una Justicia local con sectores que bendicen cuanta decisión adopte el gobierno de Juan Schiaretti".

Ante esto, anticipó que "urge hacer las denuncias que correspondan en la Justicia y visibilizar la escandalosa operatoria que viene desplegando el Gobierno provincial a favor de la degradación ambiental y el ecocidio, y la criminalización de las protestas sociales".