El Tribunal Oral Criminal 7 dará a conocer este miércoles el veredicto a los imputados por el derrumbe de un entrepiso mal construido en el boliche Beara, en el barrio porteño de Palermo, que produjo la muerte de Ariana Lizarraga (21) y Leticia Provedo (20) en septiembre de 2010.

Por el episodio están imputadas diecisiete personas, entre los propietarios de la sociedad comercial que administraba Beara, los exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que otorgaron la habilitación y debían controlar su estructura y actividades, y policías federales de la jurisdicción acusados de cobrar coimas para permitir el funcionamiento.

Como parte del proceso, los propietarios de Beara Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess, ofrecieron el pasado lunes 13 de junio sus últimas palabras ante el tribunal, un derecho que asiste a cualquier imputado en un juicio oral.

Ante los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achaval, los tres imputados dijeron ser “inocentes” pero aceptaron que el entrepiso estaba mal construido y responsabilizaron a los arquitectos y constructores contratados.

"El único motivo de que pasó lo que pasó fue por una construcción deficiente", señaló Yun y recalcó que en el montaje del entrepiso participaron tres arquitectos y tres maestros mayores de obra.

Cuando fue el momento de los alegatos de las partes el fiscal Oscar Ciruzzi solicitó penas de entre 3 y 9 años para los responsables e inhabilitaciones para ejercer el comercio y ser funcionarios.

"Todos sabían que Beara estaba siendo utilizado para otras cosas, todos sabían que había un entrepiso con endeblez constructiva, todos sabían que había setecientas personas que era mucho más de lo permitido, entonces todos se tendrían que haber representado el resultado de muerte", argumentó el representante de la parte acusatoria.

Por el episodio están imputados exfuncionarios del Gobierno porteño por haber habilitado el local aún con irregularidades y policías federales acusados de cobrar coimas para permitir el funcionamiento del boliche.

El derrumbe ocurrió el 10 de septiembre de 2010 en Scalabrini Ortiz 1638, cerca de las 3.50, cuando terminó un recital del grupo Ráfaga, y minutos después cayó el entrepiso construido de manera precaria.

El boliche había sido clausurado por irregularidades y el Gobierno porteño levantó esa clausura concediendo una habilitación como "salón de fiestas privadas" cuando en realidad funcionaba como discoteca.

"Esta causa me ha arruinado la vida, estoy inhabilitado para ejercer cargos públicos porque no me puedo presentar a los concursos: soy inocente y creo que ha quedado demostrada mi inocencia", afirmó el exdirector de Habilitaciones de la Ciudad, Martín Farrel, al dirigirse al tribunal para ofrecer sus últimas palabras.

Por su parte, Vanesa Berkowski, exdirectora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, destacó en su descargo ante el TOC 7 lo negativo de "estar diez años sometida a un procedimiento penal" y dijo ser inocente de los cargos que le imputaron.

Tanto los propietarios de Beara, como los funcionarios porteños, están acusados por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”.

El fiscal solicitó una pena de cuatro años y seis meses de prisión, más 9 años de inhabilitación para ejercer el comercio, para Yun, Dobrila y Fliess; y tres años de prisión en suspenso e inhabilitación de diez años para ser funcionario, para los responsables de las habilitaciones y el control en la Ciudad al momento del derrumbe.

El veredicto se dará a conocer mañana, durante la audiencia final del juicio que se inició en febrero, en el salón de audiencia del TOC 7, en el Palacio de Tribunales.

Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro, padre de Ariana y madre de Leticia, estarán presentes aunque advirtieron en diálogo con Télam que si bien confían en la justicia tienen temor a un fallo que consagre la "impunidad" de los responsables.