El biólogo Raúl Montenegro y el abogado Juan Smith, con patrocinio legal del abogado Fabián Maggi, “denunciaron penalmente al Director de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, por haber firmado contrato para la construcción del reactor nuclear chino Hualong One en abierta violación a leyes argentinas”. Así lo informó este miércoles a la siesta la Fundación para la Defensa delAmbiente (FUNAM).
 
La denuncia fue presentada ante el Fiscal Federal de Campana, Sebastián Bringas, en la provincia de Buenos Aires. 

"El Gobierno nacional pretende –ilegalmente- que Atucha III sea de tecnología china, una planta entregada llave en mano, y alimentada con uranio enriquecido. El reactor chino, experimental y con escasísima experiencia de funcionamiento, ya sufrió un accidente en China. Costará más de 13.000 millones de dólares y produciría, junto a Atucha I y II, menos de un 8% de la energía eléctrica generada en Argentina", destacaron los denunciantes.   

En la presentación judicial, Raúl Montenegro, y Juan Smith, concretaron “formal denuncia por la probable comisión de delitos de acción pública, contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, y contra quienes resulten responsables de la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y/o falsedad ideológica de instrumento público, previstos en  los artículos 248, 249 y 293 del Código Penal” o el delito “que el Fiscal considere se ajuste a lo denunciado”.
 
El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nobel Alternativo 2004, indicó que tanto el gobierno nacional actual, como los anteriores, “vienen decidiendo la instalación de reactores nucleares de potencia e investigación como si fueran fábricas de galletitas, violando impunemente leyes que todos debemos cumplir sobre Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública”. Recordó que ya existen cerca de la ciudad de Pilar “los reactores Atucha I y II en operación, y un CAREM-25 en construcción”.
 
“El señor José Luis Antunez que firmó ilegalmente el contrato con China, y los funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires que lo acompañaron en esa firma, han comprometido gravemente la seguridad de Argentina. No solamente aumentan la peligrosidad del complejo Atucha, sino que omiten explicarle a la sociedad que en caso del peor accidente posible, un reactor como el Hualong One chino puede afectar gravemente a las personas, y al ambiente, en un radio de 500 a 700 kilómetros”, agregó el biólogo.
 
“Peor aún, el Estado Nacional ni siquiera preparó a los habitantes de varias provincias para enfrentar accidentes posibles nivel 7 que pudieran sufrir Atucha I o II. Apenas hace unos simulacros para accidente menor, 10 kilómetros alrededor de cada planta. No hay además suficientes hospitales aptos, ni personal especializado para tratar los casos de personas contaminadas radiactivamente. Le impondría además al país riesgos enormes, pues en caso del peor accidente posible, nivel 7 en la escala del INES (*) “además de las víctimas por contaminación radiactiva, provocaría un colapso territorial y económico en el centro del país. Incluso podría afectar la mayor parte de Uruguay”, puntualizó el Presidente de Funam.

“Tampoco consideraron, como ha quedado dramáticamente demostrado en Ucrania, que la presencia de reactores nucleares de potencia, en este caso concentrados en Lima, nos torna muy vulnerables a ataques terroristas y conflictos de todo tipo. Ni los reactores nucleares de potencia, ni sus depósitos de combustible nuclear agotado, pueden resistir por ejemplo el choque de un avión comercial de gran porte”, señaló Montenegro.
 
“La decisión que tomó el señor José Luis Antunez con el apoyo de los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires solo beneficia a la corporación china, a sus empresas asociadas en Argentina, y al lobby nuclear local. Fomentar la peligrosa energía nuclear de potencia en un país como Argentina, que tiene generosas fuentes convencionales y alternativas, es un acto de irresponsabilidad que compromete el presente y futuro de muchas generaciones de argentinos. Los residuos radiactivos de Atucha I y II –al igual que los residuos altamente radiactivos que produciría el Hualog One chino- son peligrosos por más de 200.000 años. Todo para producir raquíticas cantidades de energía eléctrica”.
 
“Mientras en Estados Unidos el proceso de evaluación y autorización de una nueva central nuclear demanda unos 12 años, y el proceso de interacción con vecinos y comunidades afectadas –dentro de esos 12 años- insume unos 3 años, en Argentina se firman alegremente contratos ignorando las leyes y la opinión de las personas”, dijo Montenegro.
 
“Recordemos que Argentina es el único país de América Latina y Caribe que sufrió el peor accidente nuclear de la región, nivel 4 en la escala del INES, y tiene el dudoso privilegio de tener la primera víctima fatal y 17 personas contaminadas en el accidente del reactor RA-2 de Constituyentes, en 1983”, completó Montenegro.
 
Por su parte Juan Smith precisó: “Por un lado se les consulta a los pueblos, dentro de una larga lista de problemáticas (inflación, desocupación, inseguridad), si tienen como prioridad el cuidado del ambiente y la salud, y por el otro se los mantiene desinformados respecto de emprendimientos públicos y privados de alto impacto en sus vidas, como es por ejemplo la instalación de una central nuclear de potencia. Esa distorsión es por donde se cuelan estas desatinadas ideas, como es la de seguir sosteniendo y empujando este tipo de energías”
 
El abogado ambientalista, quien acompaña numerosas luchas de comunidades afectadas por gobiernos y empresas que violan la ley, señaló, además, que “esa desinformación se vuelve mucho más profunda, pues lo que los pueblos desconocen son los derechos que el orden público ambiental vigente les acuerdan. Si uno desconoce que tiene derechos, desconoce y no advierte cuando son vulnerados”.
 
Finalmente, el abogado Fabian Maggi expresó: “El marco normativo que se confronta en la denuncia responde a los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 41 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el incumplimiento de pactos internacionales –artículos 1 y 26 del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 7 del ‘Acuerdo de Escazú’- y del incumplimiento de numerosas normas de orden público, nacionales, tales como las leyes 24.354, 25.675, 27.566, y provinciales, como la ley 11.723, entre otras”.