La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento a favor del ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en una causa en la que había sido denunciado por una supuesta manipulación de datos para evitar el pago de un título de la deuda pública argentina en 2014.

Los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron el fallo de primera instancia de la jueza María Servini que desvinculó a Kicillof, ante la denuncia que había sido formulada en 2019 (cinco años después de los supuestos hechos) por los abogados Yamil Santoro (hoy legislador porteño), José Lucas Magioncalda y José Javier Bulacio.

Los denunciantes acusaron a Kicillof de haber "manipulado datos oficiales del país a los efectos de evitar pagar los compromisos internacionales asumidos por la Nación generando dicho ardid responsabilidad internacional del Estado y reclamos millonarios que excederían ampliamente lo que debiera haberse abonado oportunamente".

La denuncia, dice el fallo, "se sustentó, única y exclusivamente, en una noticia periodística exhibida en el portal Infobae titulada `Cupón PBI: la nueva pesadilla para Argentina´".

El artículo subrayaba que "el 21 de febrero de 2014, el entonces Ministro de Economía Axel Kicillof, anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014 anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9% menor al 3,25% que gatillaba el pago del Cupón del PBI".

El fiscal Guillermo Marijuán, tras reproducir el artículo del portal de noticias, "propuso como diligencias la incorporación de la nota periodística y la citación testimonial del periodista que la redactó, a fin de que amplíe los datos que suministrara en la publicación del 10 de noviembre de 2019", explica la resolución.

La jueza Servini resolvió en primera instancia que "en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia el aquí denunciado, Axel Kicillof, en el ejercicio de sus funciones ha intentado a través de sus decisiones perjudicar los intereses de la Nación como así también sostengo que tales decisiones tomadas durante su gestión en el año 2014, cinco años antes que los aquí denunciantes formularan la denuncia, no ha traído aparejado al país por ese tema puntual, ningún tipo de situación económica que lo perjudicara".

Del fallo de primera instancia subyacía que se trataba de "cuestiones políticas no justiciables" y que "el imputado no intentó a través de sus decisiones perjudicar los intereses de la Nación". El voto mayoritario confirmó el sobreseimiento pero sostuvo que ni siquiera se había tratado de cuestiones políticas que no debían judicializarse.

"No se puede hablar de decisiones económicas sin siquiera identificarlas en actos jurídicos estatales concretos, y menos aún postular la inexistencia de daño/perjuicio sin enlazarlo a un acto/conducta estatal antecedente", sostuvieron los camaristas al ratificar el sobreseimiento.

En disidencia, el tercer integrante del tribunal, Martín Irurzun, en sintonía con el fiscal José Luis Agüero Iturbe, se había inclinado por revocar el sobreseimiento y ordenar una profundización de la investigación contra el actual gobernador bonaerense.