El Ministerio de Seguridad dictó una resolución para que las fuerzas federales no obedezcan las órdenes de los jueces si consideran que no son legales. En una decisión inédita, los jefes policiales podrán decirle a los magistrados que su interpretación de la ley no es la correcta. En el Gobierno, no precisaron de qué forma se implementará esto y quién tomará dentro de las fuerzas policiales la decisión ante la orden de un juez (sostuvieron que no lo hará la autoridad política, sino la propia policía).

De todas formas, la resolución parece apuntar a determinados tipos de delitos y se combinará con la ley de flagrancia, que permite a la policía actuar sin orden judicial (es el argumento que se utilizó para entrar a la Pu Lof en Cushamen el día en que murió Santiago Maldonado).

Los ejemplos que pusieron a este diario en el Ministerio de Seguridad fueron: el ingreso de una persona encapuchada y armada a un territorio privado, el intento de palpar a un policía para ingresar a ver si tiene armas. “Es una resolución que sólo profundiza el artículo 19 de la Constitución Nacional”, indicaron al diario Página 12 en el Ministerio de Seguridad.

La resolución se enmarca en el incremento de la presión al juez que investiga el asesinato de Rafael Nahuel. Le reprochan que no desaloje a los mapuches.

Tras una reunión de gabinete, en la que el presidente Mauricio Macri respaldó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, advirtió que el Gobierno está disconforme con la decisión del juez Gustavo Villanueva de avanzar en una negociación con los mapuches para poder ingresar a buscar pruebas.

La secretaría de Derechos Humanos, de hecho, emitió un comunicado para aclarar que no participaba de la mesa de diálogo “con los ocupantes ilegales”. Además, el Ministerio de Seguridad emitió la mencionada resolución que les permite a las fuerzas federales ignorar las órdenes de los jueces cuando consideren que no son legales.

Luego del asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, el Gobierno salió a justificar a la Prefectura y a asegurar que se dio en el contexto de un enfrentamiento armado con los mapuches.

Cuando le pidieron pruebas, la ministra Bullrich dijo que no las necesitaba y le indicó al juez que debía apresurarse a desalojar el predio ocupado por los mapuches. Desde el Gobierno expresaron su desagrado por que el magistrado no haya ordenado una nueva incursión para sacar a los ocupantes, informa este miércoles el diario Página 12.

Macri sostuvo que los prefectos no deberían haber intentado llamar para pedir permiso antes de abrir fuego con balas de plomo: deberían haberlo hecho sin consultar. “Hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospechadas como los delincuentes. Necesitamos correr esa raya cultural”, aseguró el Presidente, quien reclamó: “Hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse.” Todas sus intervenciones fueron en ese sentido.

Terminada la reunión de gabinete, Peña salió con un objetivo claro: cuestionar el accionar del juez Villanueva, que debe investigar el asesinato de Nahuel y marcarle cuál debe ser el camino a seguir. Sostuvo que el Gobierno está preocupado porque el magistrado no asegura “las pruebas y la información” y no concreta el desalojo de los mapuches.

Ante el rechazo a la vía negociadora con los mapuches, la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Claudio Avruj, emitió un comunicado para aclarar que no avalaba ningún diálogo.

Fuente. Página 12