Este lunes se cumple un año del crimen de Joaquín Paredes a manos de la Policía de Córdoba tras un ataque de cinco efectivos, que para dispersarlos en una reunión, vaciaron más de 100 municiones contra un grupo de adolescentes que se había juntado a celebrar un cumpleaños.

Una de esas balas atravesó el cuerpo de Joaquín por la espalda. Sus amigos, en medio de la noche, al verlo caer al suelo lo tomaron de la mano; parecía que iba a decir algo, pero el aliento solo le alcanzó para un suspiro. Joaquín tenía 15 años y  murió en un descampado de Paso Viejo, un pueblito del noroeste provincial de apenas cinco manzanas. Y "B", su amigo -también menor de edad-, con quien había llegado a la reunión cinco minutos antes de que la Policía arribara para dispersarlos, recibió un tiro cerca del corazón que casi lo mata. En esa escena de miedo, ese 25 de octubre de 2020 los cinco policías, tras los disparos y pese al pedido de auxilio, abandonaron el lugar.

Que no vuelva a suceder

"Hoy es un día muy complicado, pero en realidad todos los días son así, porque extrañamos mucho a Joaquín", dice a La Nueva Mañana Esteban Paredes, abuelo del joven, mientras se prepara para ir a la misa organizada por el primer aniversario. Cuenta que le pide a Dios que le de fuerzas y tranquilidad: "Yo ya tengo 68 años y todo esto es muy difícil, porque tres de los asesinos están libres y nosotros seguimos reclamando justicia", dice. 

"Me gustaría que los responsables ya no estén sueltos afuera, porque andan como si nada, como si hubieran matado a un perro, y acá nosotros estamos muy dolidos", dice Esteban, que era quien cuidaba a Joaquín y desde el crimen trata de no quedarse quieto mucho tiempo. "Vendo elementos de limpieza, para ayudar a mi familia y para entretenerme también, porque si me quedo acá en la casa, más se siente la ausencia", cuenta y agrega: "Cuando salgo a vender ya me despabilo, hablo con uno o con otro y así voy, pero también pasa que mi familia se cruza con los asesinos en la calle y nosotros tenemos miedo de que nos pase algo". 

"No queremos que esto vuelva a suceder más, nunca más contra otro chico joven", cierra. 

Este lunes a las 16 en Paso Viejo realizarán una jornada colectiva, convocada por la comunidad "Justicia por Joaquín Paredes", bajo la consigna "#TodosPresos", para reclamar a la fiscalía de Cruz del Eje, donde volvió la causa, que los tres policías liberados regresen a prisión. "La invitación es abierta a escuchar todas las voces, a marchar exigiendo justicia y se va a finalizar con actividades culturales y la lectura de un documento", explicaron desde la organización. 

"Estos días estamos reviviendo todo lo que pasó con Joaquín, siempre con un poco de tristeza pero ahora un poco más. Nos seguimos organizando tal como lo hicimos todo este año", cuenta Ivana Reynoso, que forma parte de la comunidad. Su hijo era amigo de Joaquín y ella también estuvo acompañando a los jóvenes durante todo este tiempo, en el que recién el 14 de septiembre se logró el cambio de carátula de la causa. 

"Eso fue una gran pelea, que por suerte se nos dio. Se puso en un principio que fue homicidio, luego logramos que cambie a abuso de autoridad y en ese contexto se liberaron a tres de los homicidas de Joaquín. Pero después de una larga batalla de peritajes y de volver a declarar, sobre todo para los pibes, se logró demostrar que fueron más de 100 balas las disparadas", relata Ivana y agrega: "El asesinato de Joaquín también fue colectivo, porque los cinco policías dispararon, encerraron a Joaquín y lo dejaron después abandonado para dar una segunda balacera contra los sobrevivientes que iban desesperados a pedir que lo levante una ambulancia y se lo lleve a un hospital".

Con el cambio de carátula, la última acción de la fiscal Fabiana Pochettino sobre la causa, también hubo cambio de fiscalía y ahora está a cargo el fiscal de instrucción de Cruz del Eje Reymundo Barrera, a quien la familia le reclama que active las detenciones de los tres liberados bajo fianza de $200.000 en estos últimos meses. 

"Se frenaron las cosas", dice Ivana. Ahora esperan que se indague nuevamente a los policías involucrados que están en libertad y a los dos efectivos que aún siguen presos, que son  Maykel López -sindicado como el autor material del disparo que terminó con la vida del adolescente- y Enzo Ricardo Alvarado. Los liberados son Iván Alexis Luján, Ronald Fernández Aliendro y Jorge Luis Gómez. Con estas tres personas, los amigos y la familia de Joaquín se cruzan constantemente: en las calles, cuando van a comprar el pan, cuando viajan a las localidades vecinas, incluso cuando van al río los días de calor. 

"Es tanta la impunidad que los chicos prefieren dejar de concurrir a esos lugares porque el miedo los paraliza y no saben cómo reaccionar. También juega mucho la carga emocional, no tenemos muchas maneras de enfrentar eso", explica Ivana y cuenta que constantemente siente el "acoso policial" tras el crimen. 

En ese marco, denunciaron que la casa de "B", testigo clave de la causa, "fue allanada nueve veces" hasta que hicieron una denuncia al respecto y solo constaba en registro un solo allanamiento. "Esa es una práctica de hostigamiento terrible porque encima ellos saben cómo actuar. Van a la casa de este chico porque la mamá no tiene comprensión sobre el acto, no sabe leer, ni escribir bien. Se aprovechan de la situación", aporta Ivana y agrega que luego que hicieron pública esta situación, no hubo más allanamientos. "Sin embargo, la Policía sigue estando alrededor de nuestras casas, cuando pasan hacen el freno y si uno sale a preguntar qué pasa, se van. Todas estas maniobras ocurren sobre todo después del cambio de carátula", anexa. 

Delitos de poder 

"Luego de la imputación que hizo la fiscal, las defensas de los tres liberados, ahora imputados nuevos por homicidio agravado y por tentativa de homicidio agravado, interpusieron la nulidad de esa acusación. Esa nulidad fue rechazada por el nuevo fiscal Barrera, también fue rechazada por el juez de control y actualmente se encuentra en trámite de apelación", dice a La Nueva Mañana el abogado querelllante, Claudio Orosz, y en esa línea agrega: "Nosotros esperamos que esto sea rápidamente resuelto, que declaren y sean detenidos los tres que quedan en libertad por este gravísimo hecho".

Sobre las trabas que ha presentado la causa respecto a las acusaciones durante este año, el letrado indica: "Me llama la atención el encubrimiento del Gobierno provincial a todas las maniobras que realizó la Policía autonómicamente para intentar evadir responsabilidades y hasta cambiar la escena del crimen. Nosotros logramos demostrar en la causa que la Policía, ese día, desde las seis de la mañana hasta las 10.15 que llegó el fiscal al lugar de los hechos, estuvo cambiando literalmente la escena del delito". 

"Estos son claros delitos de poder. Cuando le das una pistola a personas que tienen pocos meses de preparación y no los años que tiene que tener alguien que vaya a cargar un arma en nombre del Estado", reflexiona el abogado y agrega: "La mayoría de las veces suceden estas locuras, donde por el solo hecho de portar un arma se sienten poderosos, sienten que pueden prepear a los chicos, que pueden maltratar a los pobre y como siempre agacharse ante los ricos".

Orosz cuenta que el cambio de carátula se logró gracias a todos los testimonios que acompañaron en el expediente y a la colaboración de la gente que dijo la verdad: "Pudimos lograr el cambio de carátula pero es llamativo que en la causa, en Cosquín, en la misma jurisdicción, la fiscalía de ahí aceptó a la Secretaría de DD.HH. de la Nación como querellante en el caso Basaldúa, pero en este caso, donde estaba su Policía en cuestionamiento, llamativamente la Justicia de Córdoba no nos aceptó. Pero como estuvimos junto a la familia pudimos presentarnos como querellantes particulares en representación de ellos", anexa el letrado. 

"La Provincia al principio se hizo presente con todo para hacer, casi, acto de presencia publicitaria, pero poco a poco desapareció del escenario. Este niño -por "B"- necesita fisioterapia, por ejemplo, para poder recuperar su movimiento en el brazo, pero en el pueblo ni siquiera hay un fisioterapeuta", reclama Orosz y cierra: "Esto es cuando las víctimas son pobres, son jóvenes, el Gobierno tiende rápidamente a encubrir si estos pertenecen al esquema de poder. Y la Policía es del esquema de poder en la provincia". 

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