El juez federal de Dolores, Martín Bava, continuará esta semana con la ronda de indagatorias a los imputados por el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri.

El jueves será el turno de un exdirector operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Martín Coste, quien deberá presentarse luego de que días pasados fue indagado su antecesor en el cargo, Diego Dalmau Pereyra.

Con la declaración de Coste concluirá la tanda de indagatorias, por lo que se espera de que el juez Bava resuelva la situación procesal de los imputados por estos hechos, entre los que se encuentran los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El contenido de la declaración de Dalmau Pereyra aún no se conoce porque se mantiene bajo reserva, aunque sí se sabe de él que llegó a esta instancia procesado bajo la acusación de haber armado el equipo de ex policías porteños que pasaron a la AFI y desplegaron decenas de maniobras de espionaje ilegal.

En el caso de Coste, llega procesado por el espionaje contra la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay, aunque ante la justicia aseguró haberse enterado de los hechos por televisión y se desentendió de haberlo organizado.

Una de las mayores diferencias entre ambos ex funcionarios de la AFI es que Coste se presentó ante la comisión bicameral del Congreso que ejerce funciones de control de organismos de inteligencia y denunció los supuestos desmanejos del macrismo.

En este expediente se investiga si desde la AFI se realizaron tareas de espionaje con el objetivo de evitarle contratiempos a Macri en sus contactos con parientes de los tripulantes del San Juan, como también en sus visitas a Mar del Plata, donde se desarrollaba el principal reclamo por la aparición del submarino.

La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la Justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Macri se los había espiado.

Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el juez Ramos Padilla en el marco del caso D'Alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases AMBA.

Si bien el expediente se inició en Mar del Plata, con activa intervención del fiscal federal Daniel Adler, luego pasó al juzgado de Dolores, donde también se investigan otras supuestas tareas de inteligencia prohibidas realizadas desde las bases AMBA que la AFI de Macri desplegó en la provincia de Buenos Aires.

En esta causa, un ex jefe de la base de la AFI en Mar del Plata presentó un escrito en el que afirmó que esa delegación solía trabajar con la Avanzada Presidencial cuando Macri visitaba alguna localidad dentro de esa jurisdicción, según pudo reconstruir Télam.

En el marco de este expediente, Majdalani había recibido autorización para viajar a Punta del Este durante una semana en octubre, pero días atrás avisó por escrito que desistiría de ese plan porque no contaba con la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y esa es una de las condiciones que exige Uruguay para permitir el ingreso de turistas.

La tanda de indagatorias se inició en julio con la declaración del ex jefe de la AFI que, como hizo en otros casos, habló de cómo recibió la agencia, de las supuestas bondades de su gestión para lograr la "inserción internacional" de la AFI y aseguró que no estuvo detrás de ninguna orden ilegal.

El escribano Arribas aseguró en su indagatoria que se lo acusa por su responsabilidad objetiva como máxima autoridad de la AFI durante el Gobierno de Mauricio Macri pero negó que hubiera algún elemento que permita deducir que él impartió la orden de espiar a las familias de los tripulantes del San Juan o que recibió el producto de esas supuestas tareas de inteligencia ilegal, según pudo reconstruir esta agencia.

En el expediente hay elementos que acreditan que en las base de Mar del Plata se encontraron informes y fotografías que daban cuenta de seguimientos realizados sobre familiares de los tripulantes, producidos sin autorización judicial ni justificación válida alguna, según pudo saber esta agencia.

El 2 de abril de 2018, por ejemplo, la mujer de un tripulante del submarino hundido y la hermana de otro fueron seguidas y fotografiadas en el Golf Club de Mar del Plata por personal de AFI cuando el ex presidente Macri -a quien querían entregarle una carta- se encontraba en el predio jugando golf.

En la causa también hay testimonios de familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan que darían cuenta de la supuesta infiltración en el colectivo de familiares, según pudo reconstruir esta agencia.

Otro hecho de supuesto espionaje ocurrió el 15 de noviembre de 2018, durante el primer aniversario de la desaparición del submarino San Juan, cuando agentes de la AFI siguieron a familiares de los dos buques hundidos, El Rigel y El Repunte, que participaron de una movilización realizada en los alrededores de la base naval de Mar del Plata.

El expediente tramita en Dolores junto con la investigación centrada en el espionaje político llevado a cabo desde las bases AMBA sobre organizaciones y dirigentes, maniobra por la cual ya se encuentran procesados Arribas y Majdalani, entre otros.

El número de agentes que cumplieron funciones orgánicamente bajo las órdenes del procesado Director de Reunión Provincia de Buenos Aires, Pablo Pinamonti, ascendió a 87, aunque por ahora están bajo investigación penal solo aquellos sobre los que hay prueba de su involucramiento directo con las tareas de inteligencia prohibida.