Sergio Berni, Cecilia Rodríguez y Jorge Capitanich que en 2013 ocupaban cargos en el Gobierno fueron sobreseídos en una causa en la que se investigaba la responsabilidad de los tres en la falta de asistencia denunciada por funcionarios cordobeses cuando en diciembre de 2013 se acuarteló la Policía de la Provincia de Córdoba por un reclamo salarial.

Durante el cuartelazo policial que derivó en saqueos en distintas zonas de la capital cordobesa, Berni oficiaba de Secretario de Seguridad de la Nación, mientras que Capitanich ejercía la jefatura de Gabinete. Rodríguez acababa de ser nombrada ministra de Seguridad por la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

En la causa se investigaba la supuesta falta de respuesta del Gobierno nacional cuando funcionarios cordobeses pidieron auxilio ante el acuartelamiento de la policía de Córdoba por un reclamo salarial.

La Justicia Federal concluyó que “(…) no se encuentra acreditado el efectivo conocimiento por parte de los funcionarios del Estado Nacional del requerimiento de las autoridades de la Provincia de Córdoba (…)”.

El fallo que eximió de responsabilidades a Berni, al gobernador de Chaco y a Rodríguez, se conoció días atrás, pese a haber sido firmado en julio pasado por la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, reportó Infobae.

La jueza explicó que al no tener los números telefónicos solicitados a los cordobeses descartó un cruce de llamados entre todos los funcionarios que podían haber realizado o recibido llamados. En el caso de Rodríguez la situación es más simple: el 2 de diciembre la habían nombrado ministra pero recién asumió el 4 de diciembre de aquel año. Es decir que no estuvo a cargo del ministerio mientras sucedieron los hechos en Córdoba.

En ese marco, Capuchetti señaló que: “Al no poder constatarse la efectiva recepción del requerimiento del gobierno provincial a los funcionarios nacionales, y ante los estrictos límites y requisitos establecidos en los artículos 23 y 24 de la ley 24.059 para la actuación de las fuerzas nacionales fuera del ámbito de las normas que reglan la jurisdicción federal”, había que cerrar el expediente.

Al fundamentar el sobreseimiento la jueza dijo que: “No podemos dejar de señalar que para la configuración del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público tipificado en el artículo 248 del CPN, debe acreditarse a cargo de los funcionarios imputados el dominio real de las condiciones de acaecimiento del hecho ante el ejercicio de una competencia clara y específica, que se encuentre fundada en ley e imputable a título de dolo. Es decir, para atribuirles la omisión de sus deberes a los funcionarios, deben haber tenido la efectiva posibilidad de realizar la conducta adecuada, y teniendo capacidad para llevarla a cabo, intencionalmente no la realizaron (dolo). Por ello, en el caso de autos no se encuentra acreditado el efectivo conocimiento por parte de los funcionarios del Estado Nacional del requerimiento de las autoridades de la Provincia de Córdoba, y a consecuencia de ello no se observa la realización de procedimiento previo alguno –intervención del Comité de Crisis-, lo que impide la configuración del tipo”.

El acuartelamiento 

En la madrugada del 3 de diciembre de 2013, los efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) de distintos distritos, realizaron un quite de colaboración en la red de comunicaciones, levantaron la ronda de móviles policiales y luego llamaron a un acuartelamiento que implicó la ausencia total de policías en las calles de Córdoba.

Como consecuencia de la ausencia de policías hubo saqueos y escenas de violencia en la provincia. Por entonces el gobernador era el fallecido José Manuel de la Sota, quien estaba de viaje y debió volver al país de forma urgente. Cuando sucedió el acuartelamiento estaba a cargo de la provincia la vicegobernadora Alicia Pregno.

En Córdoba se realizó un juicio oral y público contra los policías que encabezaron el acuartelamiento. Y en 2018 se condenó a 52 de ellos a penas de cumplimiento en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante el juicio, el ex jefe de Gabinete de la Provincia de Córdoba, Oscar González, declaró como testigo y dijo que ante aquel levantamiento policial “… ningún funcionario nacional atendió el teléfono cuando solicitaron apoyo durante el conflicto...y…que era obvio que había una decisión de no colaborar por parte del gobierno nacional...”.

A raíz de esa declaración en mayo de 2019, Graciela López de Filoñuk, que por entonces era fiscal federal de Córdoba –ya jubilada- promovió la acción penal de oficio contra Capitanich, Rodríguez y Berni para determinar si habían cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.