La Fepuc reclamó al TSJ por "preocupante situación” de peritos judiciales

La Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc) pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acciones concretas para revertir el deterioro de las condiciones laborales de los peritos. La entidad aseveró que el parámetro de pago de anticipos de gastos de peritos es insuficiente, advirtió sobre regulaciones de honorarios que no contemplan el valor real de la tarea profesional, dilación prolongada e injustificada en el pago de los honorarios, y casos de ausencia de cobro de gastos y honorarios periciales en juicios con beneficio de gratuidad.

Mediante nota firmada por la presidenta de Fepuc, Nora Vilches, el sector pidió subas en los montos del denominado “adelanto de gastos automático” equivalente a 4 jus (valor del jus $ 2.381), que en la mayoría de las veces resulta insuficiente para atender los gastos mínimos insumidos por la pericia y afrontados por el perito. Al respecto, solicitó la elevación a un equivalente de 8 jus - que equivale al honorario mínimo-. Ello, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una suma mayor en concepto de anticipo de gastos por la extensión o complejidad de la tarea. 

El sector también apuntó que hay una tendencia generalizada de los magistrados a regular valores cercanos al límite inferior del rango establecido en el Código Arancelario que hoy los rige (Ley 9459) que es de entre 8 y 150 jus. Sostienen que este escenario genera una retribución inequitativa de la labor profesional desarrollada en la pericia y “se vulnera el principio general de justicia y equidad en la retribución”. 

Frente a esto, los colegios y consejos nucleados en Fepuc piden que para la regulación de los honorarios se incorpore por vía reglamentaria el valor fijado en las escalas arancelarias de la profesión de cada perito como pauta de evaluación cualitativa. Buscan que esto sirva para ilustrar a los jueces a la hora de justipreciar los honorarios de los peritos, respetando la diversidad de las profesiones.

La federación también reclamó por los plazos en que se abonan los honorarios. Indicó que se difieren hasta la finalización del proceso, llegando a cinco años en promedio, incluso casos extremos de 11 años. Propusieron que si la pericia no resulta impugnada por ninguna de las partes procesales se les regule y abonen los honorarios en la sentencia de primera instancia. 

Otro punto es el de los juicios con beneficio de gratuidad (beneficio de litigar sin gastos) en los que trabajan gran cantidad de peritos que no tienen la posibilidad de cobrar sus honorarios, ni el anticipo o reembolso de los gastos insumidos por la pericia. 

“En oportunidades se solicitan pericias a profesionales que no son peritos, como carga pública mediante oficios intimidatorios, a responder por personal que se desempeña en diferentes ámbitos de la administración pública, sin la experticia que la situación requiere. Cabe destacar que el perito asiste al juez en cuestiones técnicas y científicas ajenas al conocimiento específico del magistrado. Las pericias están presentes en la abrumadora mayoría de todos los procesos judiciales”, señaló Nora Vilches.

En estos casos, Fepuc pide que los gastos y honorarios del perito sean cubiertos con los recursos que el Poder Judicial recauda en concepto de Tasa de Justicia. Esto también fue negado aduciendo que dicha tasa tiene como único fin cubrir los gastos de funcionamiento y de infraestructura. En ese sentido, Fepuc advirtió que la retribución de los servicios periciales, en tanto auxiliares de la justicia que contribuyen al funcionamiento de la administración de la misma, constituyen efectivamente un gasto de funcionamiento que, debieran ser afrontados por el propio Poder Judicial. 

La Fepuc aclaró también que las medidas sugeridas no requieren reformar el Código Arancelario que rige a peritos sino que son facultades del TSJ en su condición de órgano máximo de administración y superintendencia del Poder Judicial. 

Pedido de revisión al TSJ

El sector profesional recordó que los reclamos planteados comenzaron en 2019 y se inició una instancia de trabajo conjunto, por lo que sorprendió la respuesta dada por el administrador general del Poder Judicial, Ricardo Rosemberg, desestimando todas las propuestas presentadas por la federación con argumentos “equívocos e infundados” cuando aduce que las mismas controvierten la normativa vigente (Código Arancelario que rige a los peritos - Ley 9459) y Acuerdos Reglamentarios dictados por ese TSJ. 

“El rechazo de la Administración General del Poder Judicial a todas y cada una de las cuestiones y propuestas oportunamente elevadas al Tribunal Superior de Justicia a través de Fepuc, tendientes a mejorar las inadecuadas condiciones en que desenvuelven su actividad los peritos judiciales, evidencia la ausencia de mínima buena voluntad y predisposición de aquella Administración hacia la adopción de razonables medidas tendientes a solucionar o, al menos, paliar la crítica situación descripta”, resaltó Vilches quien advirtió que además, al dar cuenta de la situación precaria, se han “recrudecido las sanciones aplicadas a los peritos; circunstancia que, cuando menos, resulta llamativa, al igual que la presión por firmar acordadas/convenios que no respetan la independencia y autonomía de las entidades miembro de Fepuc”.

Finalmente, en la nota presentada, solicitan al TSJ “se avoque en forma directa al análisis de las cuestiones y propuestas elevadas” en beneficio de los peritos judiciales y de la propia administración de justicia, revisando las negativas recibidas a cada propuesta elevada.