La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó hoy al Gobierno de Nicaragua a "liberar de inmediato" a los opositores detenidos desde 2018 y especialmente desde junio, a cuatro meses de las elecciones generales.

La CIDH "urge al Estado de Nicaragua a cesar el hostigamiento a las personas opositoras, incluyendo a los defensores" de los derechos humanos y "a liberar de inmediato a quienes se encuentran detenidos arbitrariamente", demandó el órgano autónomo de la OEA en su cuenta de Twitter.

La ONG local Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas denuncia que al menos 136 disidentes del Gobierno de Daniel Ortega están detenidos desde las grandes manifestaciones de 2018, de los cuales 31 fueron arrestados solo en los últimos dos meses, entre ellos siete aspirantes a la presidencia de la oposición que buscaban competir en los comicios del 7 de noviembre.

La abogada de la ONG local Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, fue arrestada bajo cargos de "menoscabar la soberanía" del país, pese a las medidas provisionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó a su favor el 14 de octubre de 2019, informó hoy la CIDH.

El 23 de junio, la presidenta del órgano con sede en Washington, Antonia Urrejola, había denunciado ante el consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la existencia de "una nueva fase de la represión" en Nicaragua.

Hoy también una veintena de exgobernantes de España y América Latina, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, instaron a la OEA a desplegar “acciones más efectivas” para que cesen las persecuciones y juicios a opositores en Nicaragua.

“Suman ya veintinueve las personas opositoras que han sido detenidas y con ello inhabilitadas por la dictadura para que participen en las elecciones previstas”, señaló el texto firmado también por el español José María Aznar, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, el colombiano Álvaro Uribe y el uruguayo Luis Alberto Lacalle, entre otros.

El país centroamericano lanzó a fin del año pasado, por iniciativa de Ortega, un conjunto de leyes que presuntamente limitan la libertad expresión y que fueron calificadas de "represivas" por la oposición.

Una de ellas es la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, aplicada a casi todos los opositores detenidos desde junio y que castiga con cárcel a quienes "menoscaban la soberanía", promueven la injerencia extranjera o apoyen sanciones contra Nicaragua.

Ortega acusó recientemente a sus opositores de "mercenarios y vende patrias financiados y dirigidos por Estados Unidos" que buscan "reeditar" el fallido "golpe de Estado" que dice haber sufrido en 2018 durante las masivas protestas que pedían su renuncia.

El líder sandinista gobernó el país entre 1979-1990 y retornó al poder en 2007, desde cuando se mantiene tras dos reelecciones consecutivas, la última de ellas con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, a quien los analistas consideran la persona más influyente del Gobierno, por encima incluso de Ortega.