Colombia: la juventud se siente representada por el Comité Nacional del Paro
El periodista colombiano Nicolás Rocha Cortés analiza y describe para La Nueva Mañana, la crisis social desencadenada desde los últimos días de abril de este año.
Especial para La Nueva Mañana
El colombiano Nicolás Rocha Cortés es periodista, fotógrafo, y actualmente está trabajando con la OIT, tiene un destacado desempeño profesional (Premio Simón Bolívar de periodismo 2019, entre otros) cubriendo la crisis para distintos medios. LNM lo convocó a fin de obtener sus observaciones sobre violaciones a los derechos humanos, y para abordar un relevamiento de la actual crisis; a la vez de acceder a opiniones, e información, de referentes políticos, intelectuales y sociales, presentes en Colombia, sobre el trágico presente que transita el país cafetero.
Nicolás, como periodista y colombiano, ¿desde dónde asumís las respuestas a la siguiente entrevista?
- En primer término considero que no se puede hablar del Paro Nacional en Colombia desde el yo, desde allí es que intento buscar las respuestas en las fuentes precisas. Aprovecho esta entrevista, también, para dar lugar a voces de internacionalistas, historiadores, politólogas, activistas y miembros activos de las manifestaciones, de quienes obtuve pareceres pertinentes, oportunos y precisamente datados.
¿Cuál fue el punto de quiebre que disparó la actual convulsión social en Colombia?
- La inconformidad por la reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda. Luego de que el proyecto fuera retirado, y el ministro renunciara a su cargo, continuaron las manifestaciones en contra del Gobierno de Iván Duque; contra la reforma a la salud, que recientemente se hundió en el Congreso, o el hecho de que la pobreza en el país, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), llegó a 42.5 por ciento. Al mismo tiempo, y en palabras del historiador Felipe Arias Escobar: “Lo que hay es una crisis del contrato social; del acuerdo normativo que establecen el Estado y la sociedad para la satisfacción de esta última. Pero a diferencia de Chile, que ha solucionado su propia crisis con un proceso constituyente, Colombia reclama el cumplimiento y la profundización de su propio proceso constituyente, que cumple 30 años, y del Acuerdo del Teatro Colón, que cumple 5.
También hay una serie de demandas y amenazas, especialmente sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, que no es respondida eficientemente por las instituciones porque los mecanismos de participación ciudadana están cooptados por sectores con mentalidades propias del siglo XX; todo esto agravado por la pandemia y el crecimiento de la pobreza extrema, el desempleo y la incapacidad de los poderes políticos para ampliar el ejercicio de derechos sociales. Colombia hasta hoy ha sido incapaz de resolver su conflicto de décadas y los problemas derivados del narcotráfico como la satisfacción de los derechos de las víctimas, la aparición de nuevas víctimas y la presión de sectores políticos concretos para malograr procesos de verdad, justicia y reparación. En general, Colombia, al igual que otros países del mundo, experimenta una crisis de representación política”.
Muchas imágenes muestran a las fuerzas represivas gubernamentales colombianas ejerciendo una represión descomunal, ¿Cuáles serían los enemigos para esas fuerzas; contra quiénes estarían combatiendo?
- En primer lugar hay que decir que se registra una represión con alcances de masacre. Y lo que se pretende arrasar es a todo lo diferente –o con algún tufillo distinto- a la cultura endogámica y narco paramilitar que todavía gobierna. Se presenta un menú muy variado de enemigos: socialistas, vándalos, ateos, gays, artistas, trans, rojos... Todo eso los descoloca y aterra.
¿Y cuál es la “Colombia” que apoya al Gobierno en la extrema y cruenta represión que padece la mayoría de la población?
- Para dar una idea: el ex presidente Uribe Vélez invita a “Resistir la Revolución Molecular Disipada”, teoría acuñada por Alexis López Tapia -ideólogo de varias iniciativas neonazi en Chile quien, entre tantas cosas, afirma que Pinochet fue un demócrata-. Otro ex presidente, Andrés Pastrana, declara abiertamente a medios internacionales que todo es culpa de Nicolás Maduro como parte de un plan para desestabilizar a la Región. Al mismo tiempo que se puede ver a civiles autoasumidos como “gente de bien” ametrallando indígenas como en el auge del paramilitarismo en el país. Una doctora escribió, en un grupo de WhatsApp, sugiriendo pagar a las autodefensas (grupos paramilitares) para que “acaben con 1000 indios (literalmente), así, poquitos, nada más para que entiendan (SIC)”. Esa es una herencia de peso que arrastra Colombia desde que el narco paramilitarismo se instaló en la médula de la sociedad.
El Gobierno rechazó, días atrás, el requerimiento de la Oficina de los DD.HH. de la ONU para una visita de observación, a la vez que expulsó al dirigente social argentino Juan Grabois. ¿A qué puede atribuírsele estos comportamientos por parte del gobierno?
- En atención a esto sigo a la internacionalista y politóloga -y directora del portal La Línea del Medio-, Laura Gil, quien ha expresado que lo más grave no es caso del dirigente argentino, sino que lo más emblemático fue la negativa del gobierno a dejar entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que se tuviera que luchar tanto para que se aceptara su ingreso. Esto podría considerarse como que el Estado está violando los derechos humanos y no quiere que se verifique la situación; que quiere imponer su narrativa de una izquierda internacional intentando desestabilizar a Colombia a través de la violencia. Pero los videos de las manifestaciones están ahí testimoniando lo contrario. En tal sentido esos registros funcionan como el video de la muerte de George Floyd, con un poder que no hubo nada que la derecha americana pudiera hacer para desmontar una situación evidente, lo mismo está pasando en Colombia: están imponiendo una narrativa y se topan con los videos del ESMAD disparando. El problema de credibilidad estatal que afronta Colombia no es por falta de diplomacia, es por las violaciones a derechos humanos.
¿Hay datos acerca de las víctimas producto de la represión gubernamental?
- Bueno, TEMBLORES ONG desde su plataforma GRITA, registra, al momento de asumir esta entrevista, 3405 hechos de violencia policial (un promedio de 113 hechos de violencia policial al día), con 1133 víctimas de violencia física; 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública; 1445 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes; 648 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas; 47 víctimas de agresiones oculares; 175 disparos con arma de fuego; 22 víctimas de violencia sexual; 6 víctimas de violencia basada en género.
¿Hay quien represente cabalmente los intereses de los sectores de la población que se manifiestan en las calles?
- Una encuesta de Cifras y Conceptos arrojó que el 63 por ciento de la juventud se siente representada por el Comité Nacional del Paro. En conversaciones con la lideresa estudiantil -y miembro del Comité Nacional del Paro-, Jennifer Pedraza, ha destacado el gran esfuerzo que ha hecho el Comité para que esa representación pueda ser plural, al por ejemplo, recoger a más de 26 organizaciones y 200 comités departamentales y municipales de paro. El Comité Nacional del Paro es ampliamente plural. Hay gente del pacto histórico, de la coalición de la esperanza, gente sin filiación política. En general gente interesada en resolver los problemas que tienen al país marchando.
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