El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria, (UFES), solicitó la elevación a juicio contra cinco organizadores de un evento masivo desarrollado en julio de 2020 en el local ubicado en Avenida José María Eguía Zanón de barrio Villa Warcalde. En ese lugar se produjo la violación de las medidas sanitarias vigentes en razón de la pandemia de Covid-19.

Se trata de cuatro sujetos que habitualmente se dedican a realizar espectáculos públicos en la ciudad de Córdoba, tres de los cuales integraban una sociedad de responsabilidad limitada  y un relacionista público, y de un reconocido DJ, todos ellos imputados por el delito de violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de epidemia (art. 205 CP).

El evento que convocó a casi 300 personas y se realizó en un salón de fiestas de la Ciudad en momentos en que dicha actividad estaba absolutamente vedada. Del mismo participó un importante DJ, quien cobraba por sus servicios un porcentaje de los ingresos percibidos por el pago de las entradas.

En el lugar, se pudieron advertir diversas infracciones a las normas sanitarias: las mesas dispuestas para el público se encontraban ocupadas por más de ocho personas -las que permanecieron allí sin distanciamiento social- prescindiendo del uso de tapaboca, sin la debida provisión de alcohol en gel u otro sanitizante a su alcance para permitir la higienización regular de manos.

Se observó también un flujo desordenando de circulación de personas debido a la ausencia de señalética en el lugar, lo cual desencadenó la aglomeración de las mismas y tampoco se restringió el acceso a las áreas de juegos del predio, lo que derivó en que los menores de edad hicieron uso de los mismos.

Luego de la investigación que incluyó la realización de diversas medidas probatorias, se pudieron colectar diversos elementos de utilidad para la investigación, logrando secuestrarse sendos dispositivos electrónicos utilizados por los organizadores.

Asimismo, las circunstancias mencionadas fueron puestas en conocimiento de las autoridades de la Inspección de Personas Jurídicas a los fines que evalúen la eventual pérdida de la personería jurídica de la sociedad como así también la disolución de la misma.