La Corte dejó este jueves firmes las condenas por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero ocurrida en noviembre de 1995 que dejó un saldo de siete muertes, 300 heridos y decenas de casas destruidas,  y fue como consecuencia de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

De esta manera, ratificó las condenas contra tres militares retirados sentenciados a 13 y 10 años de prisión. Con este fallo, quedó confirmada la certeza judicial de que se trató de “un atentado explosivo intencional que tuvo como objetivo borrar pruebas de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el gobierno de Carlos Menem.

Los condenados son el entonces director de la Fábrica Militar Jorge Antonio Cornejo Torino, el director de Producción Carlos Franke y el entonces director de Coordinación Empresaria Edberto Gónzalez de la Vega, que recibieron 13 años de prisión; y Marcelo Gatto, entonces jefe de Producción Mecánica, que recibió 10 años. Fueron encontrados responsables del delito de estrago doloso seguido de muerte.

El máximo Tribunal rechazó por unanimidad los recursos deducidos por las defensas de Cornejo Torino, Gatto y González de la Vega. Con los votos de Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, también rechazó el recurso deducido por la defensa de Franke.

Esta decisión dejó firme la sentencia del 19 de diciembre de 2017 que habían firmado los jueces de la Sala III de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Gustavo Hornos, que había confirmado las condenas, según publicó La Nación.

Fue intencional

Los camaristas señalaron en ese fallo, que ahora quedó firme, que el incendio fue intencional y programado y que, además, fue colocado un artefacto que hizo que el fuego se expandiera por la fábrica, que quedó prácticamente destruida y fue imposible apagar las llamas.

Los jueces dijeron que el atentado buscó justificar la faltante de armas producida a partir del envío en secreto de armas a Ecuador y Croacia ocurrido en la presidencia de Carlos Menem.

Menem murió el 14 de febrero pasado. La Justicia primero lo absolvió, luego lo condenó y luego nuevamente lo absolvió en la causa por el contrabando de armas. Cuando Menem murió, la Corte estaba revisando esta absolución.

La jueza Ledesma en su voto había dicho que se tenían por acreditados “la ocurrencia de los hechos y el grado de responsabilidad que les cupo a los encartados, sin que se constate la existencia de algún supuesto de arbitrariedad en tal labor”.

Dijo que la a Fábrica Militar de Río Tercero operaba en un marco de irregularidades consentidas, no solo por quienes detentaban la Jefatura al momento de la explosión, Cornejo Torino y Quiroga [ya fallecido], como también de quien tenía el control del sector de la Planta de Cargas, donde se dan comienzo los estragos, es decir, el Mayor Marcelo Gatto“.

Para la jueza hubo un “hilo conductor, que lo que ocurrió antes y, especialmente con la explosión, fue producto de decisiones adoptadas por los más altos niveles-con la debida participación además de altos funcionarios de la Dirección General de Fabricaciones Militares y especialmente de la Fábrica Militar Río Tercero.

En su voto, el juez Hornos, apoyó las conclusiones de Ledesma y enfatizó que si bien pasaron más de 20 años desde los hechos, no puede ignorarse que fueron perpetrados con todos los recursos y garantías de impunidad que el accionar con la aquiescencia del Estado conlleva.

“La explosión fue producto de decisiones adoptadas por los más altos niveles, con la participación de altos funcionarios tanto de la Dirección General de Fabricaciones Militares como de la Fábrica Militar de Río Tercero y que tuvo por fin ocultar el envió al extranjero de armas que a la fecha del hecho apenas llevaba unos meses de investigación”, escribió.

Precisamente, el magistrado destacó que en el planeamiento y ejecución del atentado participaron diversos e importantes funcionarios tanto de las Fuerzas Armadas como del Poder Ejecutivo Nacional, y que no puede ignorarse que las estructuras y los recursos del Estado habían sido utilizados no solamente para perpetrar la voladura, sino también para intentar garantizar la impunidad de sus ejecutores e ideólogos.

Los peritajes determinaron que la explosión comenzó porque se estalló un tambor cargado con trotyl de descarga y el fuego allí “fue iniciado intencionalmente”. Dijeron los jueces que “la iniciación de la llama en el tambor se produjo por efecto programado, utilizando artefactos electrónicos existentes en el mercado, como por ejemplo un celular”.

Los jueces reprodujeron los peritajes que concluyeron que “tanto la iniciación del primer fuego en el tambor con trotyl, el sorpresivo y vigoroso incendio del resto de los tambores con el mismo explosivo, y las explosiones simultáneas fueron intencionales, organizadas con conocimiento sobre explosivos y el efecto de las detonaciones”.

Sostuvieron que “quedó acreditado que González de la Vega, ostentó una posición de poder, decisión y control en la toma y transmisión de comandos relativos al diseño del plan delictivo para llevar adelante la voladura intencional de la Fabrica Militar Río Tercero para evitar que se probaran los hechos relacionados con la adulteración, maquillaje, sustracción y posterior envío ilegal del material bélico que había ingresado a la fábrica”.

La investigación se vincula con la venta de material bélico a Croacia, cuando estaba vigente un embargo internacional de armas; y a Ecuador, enfrentado entonces con Perú por un conflicto limítrofe. La explosión en donde el material bélico que iba a salir del país era “reacondicionado” se produjo mientras la causa daba sus primeros pasos en la Justicia. La voladura de la fábrica militar destruyó la ciudad, mató a siete personas y dejó más de 300 heridos, además de decenas de casas dañadas.