Mientras continúa el debate en la Legislatura cordobesa, este domingo la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba, en sintonía con el comunicado de la Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia, difundió un comunicado en el que expresó a los legisladores provinciales su "asombro y disconformidad frente a la premura del tratamiento de la adhesión de la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley N° 27.350 sobre el Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados y su reglamentación correspondiente".

"Nos sorprende que, frente a una decisión con consecuencias sociales tan evidentes y dramáticas para la vida de tantos jóvenes, se haya avanzado en un debate acelerado y con tan poca apertura al diálogo. Entendemos que quienes participamos activamente en el acompañamiento de personas con consumo problemático de estas sustancias debemos ser escuchados", expresa el escrito.

"Resaltamos que la Iglesia se encuentra a favor de la investigación científica de todo cuanto promueva el bienestar integral de todo ser humano y del bien común. Por lo cual, entendemos que la investigación de dicha sustancia debe ser apoyada, asumiendo también que la gran mayoría de la comunidad científica ha aconsejado prudencia y responsabilidad. La apertura irrestricta al autocultivo de cannabis o cultivo solidario no parece coincidir con dicha prudencia y pone en riesgo a una importante población vulnerable que se verá perjudicada frente a dicha ley", continúa el comunicado.

"Entendemos, con preocupación, que esta norma puede convertirse en una legitimación encubierta de un consumo problemático. El acceso a dichas sustancias será cada vez más fácil. Esperamos una actitud prudente y responsable de quienes deben legislar y gobernar, para que podamos cuidar a los más vulnerables de nuestra sociedad", finaliza el escrito que firma la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba y a la que adhiere la Diócesis de Río Cuarto.

Debate en la Legislatura

Cabe recordar que distintas posiciones referidas al uso medicinal del cannabis y su normativa se escucharon el último jueves, durante una nueva reunión de las comisiones de Legislación General, de Salud Humana y de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.

El encuentro se dio en la continuidad del tratamiento de tres proyectos referidos a la adhesión de la provincia de Córdoba a la Ley Nacional 27.350, que regula la producción y el uso de dicha planta con fines terapéuticos.

En esta oportunidad se sumaron a la discusión el doctor Federico Racca, asesor médico en Anmat y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba; el doctor Raúl Gómez, vicedecano de la Facultad de Psicología de la misma casa; la doctora Susana Núñez Montoya, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y la licenciada Gabriela Richard, directora de la Fundación ProSalud.

También intervinieron César Tapia, coordinador del centro de recuperación de adictos Asociación Civil Nuestra Sra. de Luján; Nicolás Costa, de la Asociación Edith Moreno Cogollos Córdoba; Sergio Moyano, por la Organización Cannábica Manuel Belgrano; Mario Vignolo, médico forense, psiquiatra, criminólogo y toxicólogo y la doctora Ana Fernández Ibáñez.

Al término, la legisladora Julieta Rinaldi, presidenta de la comisión de Legislación General, informó que mañana martes se estarán unificando los tres proyectos obrantes en la Unicameral, con el fin de emitir despacho.

“Que la Iglesia no se meta”

Respecto al comunicado de la Pastoral de Adicciones de este domingo, la legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad Luciana Echevarría, autora de uno de los proyectos de adhesión, salió al cruce de la Iglesia señalando: “Córdoba está llegando última a la adhesión, las y los cordobeses estamos siendo discriminados en el acceso al cannabis medicinal, como en su momento también lo fuimos en el acceso a la interrupción legal del embarazo. Que los actores que se oponen sean los mismos no es casual: es la misma Iglesia Católica que se ha enfrentado históricamente a nuestros derechos y los partidos tradicionales que siempre le dan voz en debates donde no tienen por qué meterse”.

“La adhesión de Córdoba implica para muchas familias la posibilidad de abandonar la clandestinidad y poder ofrecer a sus seres queridos el tratamiento que necesitan sin correr el riesgo de ir presos por cultivar. Es un avance enorme por el que numerosas organizaciones luchan hace mucho tiempo y por eso es urgente garantizarlo. Por esto seguiremos dando pelea para que se concrete la aprobación de manera urgente sin trampas ni condicionamientos y que la Iglesia sea separada definitivamente del Estado, para que de una vez por todas dejen de meterse en nuestras vidas y decisiones y puedan ser efectivos los derechos que conquistamos”, completó la legisladora.

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