La legisladora Luciana Echevarría acompañó este jueves la presentación de un amparo colectivo para que el gobierno provincial respete las listas de orden de mérito e incorpore de manera urgente a los docentes correspondientes en los cargos vacantes.

“Durante todo el 2020, por una decisión arbitraria y unilateral del gobierno, las vacancias no fueron cubiertas, por ende los docentes suplentes se pasaron un año entero sin poder trabajar”, dijo a representante del MST en la Unicameral. “Las convocatorias se reabrieron este año, pero la vulneración de derechos continúa, llegando ya a un punto escandaloso e inadmisible: a través de un memo con fecha 16 de marzo firmado por la Secretaria de Educación Delia Provinciali se indica que no deben cubrirse los cargos suplentes o interinos con personas que pudieran luego solicitar dispensa por ser personal de riesgo, es decir embarazadas, enfermos cardíacos o respiratorios crónicos, diabéticos, personas con VIH, pacientes oncológicos, entre otros”, denunció. “Es el mayor nivel de discriminación y vulneración a los derechos no sólo laborales y estatutarios, sino humanos, del que tengamos registro por parte de este Ministerio”, advirtió la legisladora.

Echevarría también cuestionó un accionar de la UEPC que, según describió, “a  los fines de que estas personas pudieran tomar cargos, proponen que firmen un declaración jurada renunciando al derecho de pedir dispensa”. “Esto es inaceptable, no sólo porque es un derecho no exponer la salud por ir a trabajar sin estar vacunados, sino porque además hay múltiples tareas que se pueden seguir cumpliendo de manera remota, como de hecho están haciendo miles de docentes. Con esto le siguen haciendo el favor al Gobierno, que sólo busca seguir ajustando en Educación, sin poner los recursos económicos que hacen falta”, denunció.

Una de las amparistas, Sofia Gonzalez es docente de nivel primario y se encuentra cursando su segundo trimestre de embarazo, al respecto indicó: “Cuando me presenté ayer a tomar el cargo, la directora del establecimiento me indicó que por una disposición del Ministerio no se me permitía trabajar al estar embarazada. Por esto junto a otras docentes en la misma situación nos contactamos con la Legisladora y presentamos el amparo con su ayuda. Aparte de no poder acceder a un sueldo y trabajo digno, también se nos deja sin obra social justo en este momento que más lo necesitamos y al figurar “activa”, ninguna puede acceder a ninguna prestación social. Es un atropello a nuestros derechos.”