Este martes, a las 12.30 se realizará la última audiencia del juicio que juzgó por complicidad con el terrorismo de estados a los ex magistrados de la justicia federal Antonio Sebastián Cornejo (ex fiscal), Miguel Ángel Puga (exJuez), Ricardo Haro (ex defensor) y Carlos Otero Álvarez (ex secretario del Juzgado federal N°1). Si bien estaba prevista para las 10 de la mañana, se pospuso dos horas y media.

El tribunal, conformado por Julián Falcucci (presidente), José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino (subrogantes), abrirá el debate invitando a los imputados a ejercer el derecho a la última palabra para luego anunciar la lectura de la sentencia.

 Es el primer juicio que juzga en Córdoba la responsabilidad de ex magistrados. Comenzó el 25 de julio pasado y declararon 27 testigos.

El Ministerio Público Fiscal acusó por 118 hechos que afectaron a 75 víctimas. Los delitos que se les atribuyen son incumplimiento de los deberes de funcionarios judiciales y abuso de autoridad por no investigar delitos de lesa humanidad - secuestros, torturas, vejaciones, y homicidios de 30 presos políticos- ocurridos en el Departamento de Informaciones (D2) y la Unidad Penitenciaria 1 (UP1) durante la dictadura cívico militar.

Confianza en la prueba  

El fiscal general Carlos Gonella le dijo a La Nueva Mañana que las expectativas en relación a la sentencia derivan de la labor realizada por la fiscalía que conoce la causa en profundidad porque la instruye desde hace ocho años.  En ese sentido señaló que "Hay elementos probatorios suficientes para pedir la condena que hemos solicitado. La prueba, especialmente documental, es contundente y permite tener por acreditada la responsabilidad de los acusados, de su actuación y de las omisiones sistemáticas de no investigar los crímenes contra perseguidos políticos. En ese sentido, tengo la tranquilidad del trabajo que realizamos junto a Facundo Trotta".

Los abogados de la querella, Patricia Chalup, Adriana Gentile y Jorge Chalup están convencidos que "el Tribunal tiene la oportunidad histórica de juzgar y condenar a quienes por sus cargos tenían el deber legal de investigar, instruir sumarios, realizar diligencias probatorias y en el caso del secretario - Otero Álvarez- denunciar a la autoridad competente. Esperamos que esté a la altura de las circunstancias", señalaron.

El juzgamiento de los civiles, enfatizan, es una deuda pendiente de la democracia. "Este juicio, tiene una gran trascendencia, sobre todo, porque juzga a ex magistrados, algunos en funciones hasta hace muy poco tiempo", afirman.

 Esperanza

Luis Miguel Baronetto, uno de los querellantes, manifestó que "Después 40 años y con muchos contratiempos, siento que logramos que al menos una parte de los funcionarios judiciales fueran sentados en el banquillo de los acusados. No es poco, si se tienen en cuenta las fuertes presiones de gran parte de la sagrada familia judicial cordobesa a favor de la impunidad".

Analizó que los condicionamientos para alcanzar la justicia completa no solo vienen desde la corporación judicial "que la hemos padecido durante las audiencias sino también desde el contexto político nacional como quedó expresado en los alegatos, especialmente, por el defensor (Marcelo Brito) del imputado Otero Álvarez". 

 No obstante, se siente esperanzado porque "la contundencia y abundancia de las pruebas me dicen que los jueces no defraudarán la aspiración de justicia, tan necesaria para restablecer la deteriorada credibilidad de uno de los poderes institucionales de nuestra democracia".

Penas

Las penas solicitadas por la fiscalía van de dos a siete años. Para Ricardo Haro (83), ex defensor oficial dos años. En tanto que, para el ex fiscal Antonio Cornejo (82) y para el ex juez Miguel Ángel Puga (74), cinco. Y siete para el ex secretario del Juzgado federal N°1, Carlos Otero Álvarez (71). En todos los casos con inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. Por su parte la defensa de los imputados pidió la absolución de sus defendidos.

Los abogados de los querellantes Raquel Altamira, Elba Inés Pucheta, Luis Miguel Baronetto y Juan Miguel Ceballos, requirieron para los imputados Puga y Antonio Cornejo, tres años de prisión y para Carlos Otero Álvarez  cinco.

Extramuros

Organismos de derechos humamos junto a organizaciones sociales y políticas están convocando por las redes sociales a concentrarse frente al Tribunal Oral Federal N° 2, ubicado en avenida Yrigoyen esquina Crisol, para seguir la audiencia y la lectura de la sentencia a través de una pantalla gigante que se instalará en el lugar. Habrá intervenciones artísticas y una radio abierta.

Además, será transmitido en directo a través del canal www.cij.gov.ar.