Unidad Ciudadana, el espacio que llevó a la ex presidenta Cristina Fernández a obtener una banca en el Senado de la Nación el pasado 22 de octubre, emitió un comunicado luego de detención del ex vicepresidente Amando Boudou. Al mismo también adhirió el Frente Córdoba Ciudadana.  

En el mismo expresan que "en Argentina el Gobierno del Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste que se busca implementar".

"En este marco, desde Unidad Ciudadana denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho y la división de poderes", declaran.

Por otra parte, afirman que "estamos frente a una maniobra de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país (...) a todos los dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia que puedan llegar a intentar oponerse o detener el programa de ajuste económico que intenta implementar el gobierno nacional".

"Tan sólo en la última semana en Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional ha logrado correr de su cargo a la Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos jueces que se atrevió a fallar contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el año pasado, el Dr. Luis Arias Juez en lo contencioso de La Plata", detallan.

"Asimismo -agrengan-, en otra clara muestra de apriete y amenazas a los representantes de los trabajadores, hoy el diario Clarín admite que el propio presidente Macri amenazó mediante dos de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir preso, en caso de no apoyar la reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar en nuestro país". 

Más adelante en el extensa carta difundida a través de distintos medios, expresan la relación del juez que detuvo al ex vicepresidente con el actual poder político. 

"En el día de hoy el juez federal Ariel Lijo ha ordenado la detención del Ex Vicepresidente, Amado Boudou, por un posible “entorpecimiento” a la Justicia", denuncian.

"Dicho juez, es el mismo juez que está investigando la causa del Correo Argentino, en la cual está imputado el actual Presidente de la República, Mauricio Macri, y su familia, como dueños de la empresa SOCMA, que tiene una deuda de 70.000 millones de pesos con el Correo Argentino que el propio jefe de Estado intentó auto perdonarse".

"Mauricio Macri está imputado en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Por derivaciones de ese expediente, renunció un Procurador del Tesoro y un presidente del Banco Nación por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente".

"Hoy Argentina asiste a un gran show político, mediático y judicial digitado desde el Gobierno, que consta de dos claros objetivos: Por un lado, atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente oponerse a esta segunda fase de ajuste y embestida contra los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial, mientras se implementan en el plano económico y político las distintas reformas anunciadas días atrás contra los trabajadores, los jubilados y la sociedad en general".

Finalmente, concluyen en "reafirmar que nunca nos opusimos ni nos opondremos a que se realicen todas las investigaciones judiciales necesarias a los funcionarios públicos, sean del anterior o del actual gobierno, en el marco del debido proceso y del respeto a las garantías constitucionales, propias de un verdadero Estado de Derecho".