En Córdoba debemos empezar a llamar a las cosas por su nombre. Porque hay responsables directos de que tengamos una de las peores prestaciones del servicio público de transporte de pasajeros, pagando uno de los boletos más caros del país. Desde que Ramón Mestre asumió como intendente el precio del viaje en colectivo aumentó 400% para quienes vivimos en la Capital, superando cualquier índice inflacionario. Pasó de $2.50 a los $15,38 que acaban de ser aprobados por mayoría automática de Cambiemos en el Concejo Deliberante.

El oficialismo dice, ante cada nuevo incremento, que no hay otra opción, que es “parte de la realidad”. Sin embargo, fue el propio gobierno actual quien confeccionó la fórmula que dispara la discusión del incremento de manera automática. La “polinómica” es el nombre técnico que le dieron, suena bien, muy profesional, pero es una ecuación que favorece al empresario porque mide costos, pero no mide ganancias. Es decir si hay aumento de costos (combustible, neumáticos, insumos varios, etc), tiene que subir el boleto. Pero muchas veces, como en el año 2016, las ganancias empresarias fueron mucho más altas que el crecimiento de los costos. El empresario nunca pierde.

Eso no está mal en sí mismo. El problema es el servicio que se presta. El cordobés debe saber que en esos $15,38 le cobran 100% de coches con rampas para personas en situación de discapacidad, le cobran paradas iluminadas y con refugio por si llueve (la mayoría de las paradas son postes pintados con las letras de las líneas que pasan por ese sitio), le cobran una frecuencia de 5 minutos entre el paso de un colectivo y el siguiente, le cobran renovación total de la flota cada 5 años, le cobran por paradas que no deben quedarle a más de 500 metros a ningún usuario, le cobran innovación tecnológica, le cobran, en definitiva, todo lo que no otorga este servicio. Eso es lo que figura en el contrato que firmaron las empresas con el Estado municipal. Unos no cumplen y el otro no lo controla. Ya veremos por qué.

Repasemos entonces: fórmula que dispara el aumento que no tiene en cuenta ganancias del privado, e incumplimiento sistemático del contrato. A pesar de esas faltas -una normativa y la otra plena de negligencia y falta de gestión- el boleto sube. Siempre sube en la gestión Mestre.

La razón por la cual lo hace es muy sencilla. El 75% del sistema público de transporte (y el 50% del de Higiene Urbana), está en manos de un empresario correntino llamado Juan Carlos Romero, dueño de ERSA (y LUSA), y accionista mayoritario de AUCOR S.A. Dicho empresario, tiene un estrecha relación con el actual intendente desde hace muchos años, legado de la intervención de Ramón Mestre (padre) en la provincia de Corrientes a principios de este milenio. Cuando Romero pide aumento, Mestre lo otorga. Esa es la mecánica. Algunas veces tienen consideración por los tiempos electorales, pero apenas finalizan los comicios, vienen los “boletazos”. Siempre igual.  

El diseño de la fórmula para calcular el precio del boleto -la “polinómica” de la que hablaba antes- y la falta de controles al paupérrimo servicio que presta dicho privado, se deben a esta relación. Romero hace lo quiere mientras el Intendente se hace el distraído. Son amigos, cercanos, se deben favores mutuos. Por ahí anda el hilo conductor de tanto aumento del costo del pasaje sin mejora alguna de la prestación.

Observemos juntos algunos datos que surgen del Estado de Situación Patrimonial presentado por la propia empresa a fines del año pasado. En 2016 la Utilidad Operativa de ERSA pasó de $38.166.380 (en 2015) a $69.334.325, habiendo crecido un 82%. 69 millones de pesos de ganancia. Por otra parte, el Patrimonio Neto de ERSA pasó de $838.883.458 a fines del 2015, a $1.067.808.015 a fines del 2016, habiéndose incrementado un 27% en un año. Buen negocio, ¿verdad? La cifra se vuelve aún más resonante, si tenemos en cuenta que el año pasado hubo recesión económica, con caída del salario, de ventas minoristas y mayoristas, de actividad industrial, etc. A algunos no les fue tan mal a pesar de este escenario. Un recordatorio más: en 2016 el boleto aumentó de 9,15 a $12,55. El único que no pierde nunca es Romero. Favorecido por nuestro Intendente, por supuesto.

Por si fuera poco, en el proyecto de aumento votado hoy en soledad por la bancada oficialista, se autoriza al Intendente a aumentar por decreto el precio del boleto durante el año 2018, acción violatoria de la Carta Orgánica Municipal, que establece que esa es una atribución exclusiva del Concejo Deliberante. De mal en peor.

En este penoso panorama, la pregunta es ¿dónde quedan los usuarios? Con esta gestión, siempre al último. Alrededor de 500 mil cordobeses viajan todos los días en bondi. Soportan las demoras, los coches viejos, las caminatas eternas hasta paradas que se encuentran en mal estado, la falta de rampas. El Municipio, que debe velar por ellos, los desconoce, desprecia sus reclamos. No vaya a ser cosa que por ponerse del lado del usuario, haya problemas entre amigos. En tiempos del cambio, si hay algo que verdaderamente debiera cambiar, es esta forma inaceptable de gestionar la Municipalidad. El Estado local tiene que volver a ser el aliado y cómplice de los millones de cordobeses que todos los meses pagamos nuestros impuestos. Y no el botín de empresarios que prestan un pésimo servicio y encima llevan sus ganancias fuera de nuestro territorio.

* Presidente de la Fundación Córdoba de Todos