Este viernes la ONG Católicas por el Derechos a Decidir (CDD) denunció por prevaricato a la jueza de feria Marta Aucar de Trotti, la magistrada chaqueña que concedió una cautelar que suspende en esa provincia la aplicación de la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Turno de la ciudad de Resistencia. El delito por la que fue denunciada Aucar de Trotti "se configura cuando las resoluciones judiciales que dictan los jueces "no son fundadas en derecho o parten de hechos falsos", señaló un comunicado de la ONG. 

"La presentación fue realizada en el marco de una estrategia jurídica amplia que construimos entre aliadxs", dijeron las integrantes de CDD.

La jueza Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 19 de la primera circunscripción de la provincia del Chaco, dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley Nº 27.610 (de Interrupción Voluntaria del Embarazo) en todo el territorio de esa provincia tras una medida cautelar presentada por activistas contrarios al derecho al aborto.

"Advertimos que la jueza Aucar no realiza un análisis ni fundamentación objetiva de la petición de los demandantes sino que acomoda su discurso a los intereses de actores antiderechos", señaló la ONG. "Se atribuye conocimiento en materia federal y desconoce la normativa nacional e internacional", agregó el comunicado, en el que también se denuncia que la magistrada es "una reconocida militante antiderechos", dijeron las integrantes de CDD.

La presentación se realizó en Resistencia, ante la fiscalía de turno, ante la cual Teresa Bosio, en tanto presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) reclamó que se habilite la feria porque la cautelar concedida en Chaco reviste "gravedad institucional". Por el tipo penal, a Aucar le podría caber una sentencia que implique, además de multa, inhablitación. 

En su comunicado, desde CDD agregaron: "Cabe mencionar también que la jueza Aucar es una reconocida militante antiderechos, así como su esposo, Ernesto Trotti, quien formaba parte de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de la capital chaqueña".

"La situación que plantea la jueza Aucar es de gravedad institucional para la provincia de Chaco; dado que es el Poder Legislativo, quien dicta normas erga omnes -es decir, para todxs por lo cual, el planteo llegaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no sólo no la han solicitado, sino que incluso podrían no compartirla. Además, deja a las mujeres y personas gestantes chaqueñas en situación de ciudadanas de segunda respecto de sus con-ciudadanas en el país, en tanto no pueden acceder al derecho adquirido de interrumpir el embarazo voluntariamente hasta la semana 14 inclusive en su propia provincia, como lo dispone la ley 27.610", concluyeron desde CDD.

En tanto, el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, reafirmó que en la provincia se cumplirá con la norma que habilita la interrupción voluntaria del embarazo (IVE): "La ley se tiene que aplicar".

Capitanich señaló que la decisión de no aplicar una ley "requiere el respeto a la división de poderes, que nosotros lo vamos a evaluar, pero lo que queda claro es que yo siempre he manifestado lo mismo: tengo una posición contraria a la ley, pero es ley suprema de la Nación, de manera que cuando es ley de la Nación hay competencia federal y aplicación”. En tanto se trata de una norma "federal de alcance nacional, tenemos que regirnos por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Como gobernadores somos agentes del gobierno federal y tenemos que respetar la Constitución y las leyes supremas que garantizan su ejercicio desde el punto de vista constitucional”, explicó.

El comunicado completo de CDD:

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