Tres de cada diez países que integran la ONU penaliza la homosexualidad

A pesar de los avances en materia de derechos LGBT+, la tercera parte de los estados miembros de la ONU (69 de 193) siguen penalizando los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, según el último informe sobre Homofobia de Estado de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) presentado este martes.

El estudio, al que tuvo acceso Télam, remarca que si bien la Argentina despenalizó la homsexualidad en 1908 y hoy tiene leyes de avanzadas de protección como el matrimonio igualitario, carece de una ley antidiscriminatoria nacional que incluya entre sus causales a la orientación sexual, que tampoco es prohibida explícitamente por la Constitución Nacional.

El año pasado finalizó con 70 Estados en el mundo criminalizando los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo

"La cifra se redujo en uno este año, ya que Gabón derogó la disposición criminalizadora que había aprobado en 2019, la cual terminó siendo la ley de este tipo de más corta vida en la historia reciente”, señaló Lucas Ramón Mendos, el argentino coordinador de investigación de ILGA Mundo y autor principal del informe.

Por otro lado, el monitoreo demuestra que “al menos 34 Estados miembros de la ONU implementaron activamente las leyes de criminalización durante los últimos cinco años”, aunque podrían ser más los países con persecución efectiva.

“Donde aún rigen estas disposiciones las personas pueden ser denunciadas y detenidas en cualquier momento, incluso bajo la mera sospecha de haber practicado actos sexuales consensuales con alguien del mismo sexo. Los tribunales les procesan activamente y les condenan a prisión, flagelación en público o incluso a la muerte", dijo.

Actualmente, la homosexualidad está penada con la muerte en Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (solo 12 estados del norte), Arabia Saudita y Yemen.

La pandemia de Covid 19 que azotó al planeta este 2020, profundizó la situación de vulnerabilidad en la que ya estaban sumido el colectivo de la diversidad en muchos países.

“Para nuestras comunidades, los espacios seguros se redujeron drásticamente de la noche a la mañana: algunos gobiernos se aprovecharon de estas circunstancias y redoblaron sus esfuerzos para oprimirnos, perseguirnos, convertirnos en chivos expiatorios y discriminarnos violentamente”, dijo Julia Ehrt, directora de Programas de ILGA Mundo.

La organización advirtió que “las mal llamadas ‘zonas libres de personas LGBT’ proliferaron en Polonia”, mientras que “Indonesia trató de dar un nuevo impulso a las ‘terapias de conversión’” y en algunos países se aprobaron “leyes que podrían restringir severamente el funcionamiento de las ONG que trabajan con nuestras comunidades”.

“En medio de situaciones tan preocupantes, las protecciones legales explícitas contra la violencia y la discriminación son, más que nunca, primordiales para salvaguardar nuestros derechos humanos y nuestra dignidad, prevenir daños y reparar las violaciones que sufrimos”, dijo Ehrt.

Sin embargo, incluso en los últimos 12 meses atravesados por la pandemia, “se han producido avances positivos”, dado que “la legislación que protege a las personas LGBT+ de la discriminación y la violencia ha seguido expandiéndose”.

En julio de 2020, Sudán derogó la pena de muerte para los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo y Alemania se convirtió en uno de los cuatro Estados miembros de la ONU que prohíben las mal llamadas 'terapias de conversión' a nivel nacional.

El matrimonio igualitario es ahora una realidad en 28 Estados miembros de la ONU: Costa Rica fue el último en legalizarlo, convirtiéndose en el primer país de Centroamérica en hacerlo.

A diciembre de 2020, 81 Estados miembros de la ONU tienen leyes que protegen contra la discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual: hace veinte años, solo tenían 15.

El informe incluye también el mapa “leyes sobre orientación sexual en el mundo”, que asigna uno de nueve colores a cada país, según su ubicación en un espectro de categorías que va desde el máximo nivel de protección (“Protección Constitucional”), hasta el máximo de criminalización (Pena de muerte).

Fuente: Télam