El procurador general de Brasil, Augusto Aras, denunció a los fiscales de la operación Lava Jato, sus subordinados, por haber montado una red ilegal para investigar, con el argumento de la lucha contra la corrupción, a 38.000 personas, y los acusó de negarse a rendir cuentas de sus actos, tras el protagonismo que ganaron desde 2018 al lado del juez Sérgio Moro.

“No se puede imaginar que una unidad institucional tenga una caja de secretos, una institución de la república no se puede servir de la extorsión, de espiar, no puede valerse de ningún propósito no republicano”, dijo Aras en una videoconferencia con abogados del sitio web Prerrogativas.

Aras repudió así el accionar de los fiscales que, desde Curitiba y al mando del Deltan Dallagnol, llevaron adelante desde marzo de 2014 la Operación Lava Jato, que entregó documentación secreta de forma ilegal, por ejemplo, a la policía federal estadounidense, el FBI, y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ahora, la crítica contra los fiscales que acusaron ante el juez Moro al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en dos causas por corrupción, viene del propio jefe de los fiscales, quien los acusa de ocultar información a los organismos de control.

“En todo el Ministerio Público Federal el sistema único tiene 40 terabytes. El sistema de la fuerza especial de Curitiba tiene 350 terabytes y 38.000 personas con sus datos depositados, sin saber cómo estas personas fueron elegidas para ser investigadas”, dijo Aras.

El fiscal general fue electo por el presidente Jair Bolsonaro para el cargo por fuera de los deseos del ex juez Moro, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro hasta abril, y de la llamada “República de Curitiba”.

La oposición y parte del mundo jurídico acusa de ‘lawfare’ a Dallagnol y Moro, que, según filtraciones de conversaciones hechas por el portal The Intercept, guiaban las investigaciones contra ciertos políticos, como por ejemplo Lula, y protegían a otros, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso.

Según Aras, llegó la hora de “corregir los rumbos del lavajatismo”, movimiento al que calificó de ‘punitivista”, a la vez que defendió continuar la lucha contra la corrupción pero con otros métodos.

En el caso de Lula, por ejemplo, las revelaciones sobre maniobras de Moro y Dallagnol llegaron al Supremo Tribunal Federal, la máxima instancia judicial del país, que desde hace un año tiene un pedido de nulidad del caso por supuesta animosidad del magistrado de primera instancia.

En Brasil, el juez de primera instancia en caso de corrupción puede dictar sentencia, no se eleva a juicio oral como en la Argentina, aunque no puede ser el instructor al lado de los fiscales.

El equipo de fiscales de Lava Jato reaccionó acusando al fiscal general Aras de haber sido elegido por fuera de la terna que la asociación del ministerio público presentó al presidente Bolsonaro.

“La transparencia faltó en el momento de elección del Procurador General de la República”, respondió el fiscal Roberto Pozzobon.

La discusión, inédita, pone los supuestos delitos de Lava Jato en el primer plano institucional, mientras crece la construcción por parte de algunos sectores de la derecha ex bolsonarista de candidatear al ex juez y ex ministro Moro para la presidencia en 2022.

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