En el marco de la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos, las máximas autoridades en Derechos Humanos de las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación emitieron un comunicado expresando su preocupación por el aumento de casos de violencia institucional en el país.

El encuentro, que se desarrolló de manera virtual, estuvo destinado a analizar los graves casos de violencia institucional que se registraron en las diferentes jurisdicciones del país, en los que se vieron involucrados miembros de fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales. “La violencia institucional es un mal que tiene nuestra democracia, tenemos que trabajar juntos para generar herramientas y mecanismos que nos permitan erradicarla. Tiene que existir un compromiso de todos los poderes”, señaló el secretario Horacio Pietragalla Corti en el inicio de la reunión. “Es necesario un trabajo serio y profundo que nos permita generar un cambio: no estamos en contra de las fuerzas de seguridad, sino que queremos unas fuerzas que respeten los derechos humanos”, puntualizó.

“Es el momento de poder generar un cambio participativo, que no tenga un escudo político, que tenga el compromiso de todos”, agregó el funcionario que estuvo acompañado por el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, y el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín Di Toffino, quien estuvo a cargo de la coordinación del encuentro.

Tras la reunión se elaboró un documento, en el que se prioriza “la modernización y profesionalización de las fuerzas de seguridad, la puesta en funcionamiento de los mecanismos locales para la prevención de la tortura, la concientización sobre derechos y la visibilización de la problemática”, entre otras acciones a desarrollar por el organismo. “Necesitamos un Poder Judicial que avance con rapidez en el esclarecimiento de los casos, y en el juicio y castigo de los y las responsables; un Poder Legislativo que ponga en agenda el tema a nivel normativo; y un Poder Ejecutivo que no dude en tomar decisiones firmes que garanticen el juzgamiento y la sanción de los delitos cometidos”, señalaron.