La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley de teletrabajo que regula la modalidad de trabajo a distancia, al establecer los derechos laborales de los empleados y las obligaciones de los empresarios.

La iniciativa sumó 214 votos a favor, uno en contra y registró 29 abstenciones.

El proyecto tuvo dictamen consensuado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio el miércoles y establece los presupuestos mínimos de esa modalidad de tareas, como la garantía de derechos laborales, tanto en cuanto a la definición de una jornada como al derecho a desconexión, la intimidad del domicilio y la posibilidad de revertir esa modalidad y volver al sistema presencial.

En ese sentido, establece que las regulaciones específicas "se determinarán para cada actividad mediante la negociación colectiva respetando los principios de orden público establecidos en esta ley".

La modalidad de trabajo a distancia "debe ser voluntaria por consentimiento escrito y puede ser revertida con una notificación por el trabajador", que podría regresar así al trabajo presencial, se aclara.

Otro punto clave es que se garantizan los "derechos colectivos" de los trabajadores e igual representación sindical a la del conjunto de las personas que trabajan en forma presencial.

Economía del Conocimiento

Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto de ley de Economía del Conocimiento, que crea un régimen de la promoción fiscal para empresas tecnológicas que produzcan servicios basados en el conocimiento y la digitalización de la información.

La iniciativa, que fue fruto del consenso entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, cosechó 246 votos afirmativos y sólo dos negativos de parte los diputados del Frente de Izquierda.

Las empresas beneficiarias podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad social.

Y se propone que dicho crédito fiscal ascienda al 80% en caso de que las empresas contraten mujeres, personas travestis, transexuales, transgénero, personas residentes en zonas desfavorables, personas con discapacidad, personas que estuvieran percibiendo planes sociales, profesionales de la ingeniería o ciencias exactas y naturales con posgrado.

Por otra parte, el régimen estipula una reducción del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias que pagan las empresas incorporadas al registro de Economía del Conocimiento. En tanto, el proyecto prevé la creación de un "Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento" y de un "Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento".

Durante la gestión de Mauricio Macri se había aprobado una ley de Economía del conocimiento que debía entrar en vigencia el 1 de enero pasado, pero el gobierno de Alberto Fernández suspendió la norma y envió un proyecto propio en febrero.

Al introducir el debate, el presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro (Frente de Todos), destacó que la normativa "va a definir una política de Estado para los próximos 10 años". El cordobés señaló que la expectativa es que las industrias de la Economía del Conocimiento, que hoy representan el 8% de las exportaciones totales del país y emplea a 500.000 personas, en diez años llegue al 15% del mercado exportador y emplee a un millón de trabajadores.

Programa Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo 

La sesión especial solicitada por el Frente de Todos se aprobó esta madrugada con el debate del proyecto del Programa Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus de todo el país, que tuvo dictamen de la comisión de Salud, con un amplio respaldo político del oficialismo y la mayoría de los bloques opositores.

La iniciativa aprobada por 229 votos fue impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; su par del PRO, Cristian Ritondo, y el titular del Interbloque Federal, Eduardo Bucca, recoge iniciativas de otras bancadas, como la de la diputada radical Josefina Mendoza.

El proyecto que se debatió en el marco de la tercera sesión telemática del cuerpo establece además una licencia especial para los donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que realicen.

En el mismo sentido, se los reconoce como"Ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la República Argentina".