Este miércoles, desde las 10 horas, diferentes organizaciones sociales y políticas – entre ellas las allanadas el pasado 31 de agosto– protestan frente a Tribunales I de Córdoba para pedir la renuncia del fiscal Gustavo Dalma.

Asimismo, presentaron una nota con los fundamentos de las denuncias de irregularidades en los procedimientos llevados a cabo hace dos semanas, luego de realizarse la Tercera Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil.

La nota está dirigida al Fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano, y hace referencia a los allanamientos llevados adelante el jueves 31 de agosto, a pocos días de la mencionada marcha y 24 horas antes de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

“El fiscal Gustavo Dalma solicito “de oficio” la orden de 15 allanamientos por toda la ciudad. De esos 15, se realizaron 11 allanamientos a diferentes organizaciones sociales y políticas. También en la casa de una de las mamás miembro de la Coordinadora de Familiares contra el Gatillo Fácil, e inclusive a partidos políticos, algunos de los cuales ni siquiera participaron de la marcha. Todo fue, según Dalma, en el marco de la investigación a su cargo, por la rotura de vidrieras durante la Marcha contra el Gatillo Fácil, por personas no identificadas. Lo cual Dalma denominó, “delitos comunes.” Lo real, es que semejante operativo tiene connotación política, fue sumamente violento, e ilegal (a pesar de contar con órdenes firmadas por el Juez Fernández Lopez)”, expresan las organizaciones en su nota.

“Fue una redada con el objetivo de amedrentar, de callar y disciplinar. Los elementos robados por el Estado demuestran esto. Se llevaron herramientas de trabajo de nuestras cooperativas, leche en polvo de nuestros comedores, banderas con los rostros y nombres de pibes asesinados por la Policía de Córdoba, afiches, carteles, y banderas con el rostro de Santiago Maldonado, a 24 horas de la marcha por la aparición con vida de Santiago”, precisa el escrito.

Los allanamientos fueron calificadas por estas organizaciones como “maniobra de captar votos de los sectores más reaccionarios de la sociedad cordobesa y avala políticamente esta exagerada decisión Judicial, inducida por los grandes medios de comunicación de Córdoba”.

“A menos de un mes de estos hechos, salimos a la calle, para exigirle al Fiscal General de la Provincia, Alejandro Moyano quien es responsable de controlar a los fiscales, que se haga cargo y garantice que el fiscal Dalma atienda a los representantes, referentes, miembros de las organizaciones que sufrimos semejante atropello, y nos de las explicaciones pertinentes, en su presencia”, señala el comunicado en el que además exige “la devolución de las cosas que nos robó el Estado, que no son sino, nuestras herramientas de trabajo y de lucha que con tanto esfuerzo y amor conseguimos”.

*Con información de Mucho Palo Noticias.