Luego de un largo debate parlamentario en el marco de sesiones extraordinarias propuestas por el presidente Alberto Fernández, el Senado y la Cámara de DIputados de la Nación aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, un proyecto de emergencia para implementar desde el Ejecutivo medidas económicas y sociales tendientes a sortear la crisis económica que atraviesa el país. 

El proyecto sancionado contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis social y económica y sentar las bases para promover el desarrollo productivo del país. Entre las medidas más destacadas se pueden mencionar:

-La declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

- Delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas.

- Establecimiento de un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios con la excepción de los pasajes abonados totalmente en pesos.

- Suspensión por 180 días la movilidad jubilatoria.

- Establecimiento un nuevo esquema de retenciones.

- Fijaación de un plan de regularización de deudas para pymes.

- Autorización al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad ENARGAS y ENRE, respectivamente.

-Aumento en forma progresiva el impuesto a bienes personales, con la excepción de los bienes que no superen los 3 millones de pesos.

- Facultación a la AFIP a establecer un régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales.

- Eliminación del artículo que obligaba a empresas de medicina prepaga a aumentar sus aportes al fondo solidario de redistribución del sistema.

Este viernes el presidente Alberto Fernández adelantó a través de su cuenta de Twitter que también en el marco de sesiones extraordinarias enviará un proyecto de ley para revisar las jubilaciones de privilegio que incluyen al Poder Judicial y al Cuerpo Diplomático. 

A su vez, este sábado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que el Gobierno está "preparando un ajuste en el gasto político", que incluye modificaciones administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales, entre otras medidas.

"También tiene que haber un ajuste en el gasto político y eso se está haciendo", dijo el jefe de Gabinete en diálogo a CNN radio, en las que detalló que el PE está preparando "normativas administrativas para acotar el número de asesores y de autos oficiales, por ejemplo, para ajustar ahí”.

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