Presentan proyecto para regular el traspaso y la transición de gobierno
La diputada nacional Soledad Carrizo presentó un proyecto para regular la transición de gobierno. La iniciativa tiene como objeto regular el proceso de transición y el traspaso de atributos presidenciales entre el presidente en mandato y el presidente proclamado, y demás autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.
"Es una ley con la vocación de generar las reglas procedimentales necesarias para asegurar un proceso de transición de gobierno ordenada, transparente y dotada de previsibilidad para todos los actores involucrados. Lo que intenta la iniciativa, es evitar que las alternancias de fórmulas presidenciales correspondiente a frentes electorales opositores produzcan afectaciones a futuras gestiones, comprometiendo un inicio eficiente de gestión gubernamental", remarcó Carrizo.
Entre otros fines, la propuesta legislativa contempla la creación de una comisión integrada por un total de 10 miembros (5 de los cuales son designados por el Presidente aún en mandato y 5 representantes del presidente proclamado) a cargo de un coordinador para avanzar en la coordinación de medidas y decisiones.
"El proyecto viene a ofrecer certidumbre, reglando que el presidente proclamado deberá prestar juramento ante la Asamblea Legislativa durante el décimo día del mes de diciembre del año en que fue electo y estableciendo expresamente que recibirá los atributos personalmente en la Casa de Gobierno por parte del Presidente con mandato cumplido, donde acto seguido deberá designar a sus ministros, quienes prestarán el juramento de ley", remarcó.
Como cuestión final, el proyecto deja a salvo posibles interpretaciones que pudieran acontecer ante reelecciones de un mismo mandatario, estableciendo de forma expresa que tanto el informe de transición cuanto la integración de la comisión y su labor se realizarán igualmente aunque un presidente sea reelegido para ofrecer difusión y conocimiento público del estado de la administración al momento del vencimiento del periodo presidencial.
"La propuesta no sólo constituye un mecanismo de modernización democrática institucional, sino que persigue también el propósito de revertir la desconfianza ciudadana y la afectación sobre la propia administración pública, ofreciendo las herramientas necesarias para prevenir desencuentros políticos que atenten contra el Estado", concluyó la legisladora cordobesa.