Los riesgos de someter la economía a la voluntad del capitalismo trasnacional
Poco se conoce del modelo económico del gobierno nacional. Los funcionarios de Cambiemos aún no explicitaron con profundidad y de manera integral las bases de su proyecto económico, a más de un año de gestión y en pleno año electoral. Se sabe que pretenden dinamizar la economía con un “shock” de inversiones extranjeras. Pero al ser una variable independiente de la voluntad del gobierno, éste solo puede generar las condiciones y esperar que la inversión en la Argentina descanse en el horizonte de los esquemas de negocios de las empresas del exterior. Más allá de las posibilidades o imposibilidades de que esto ocurra, poco se han analizado las implicancias que tiene para el país dejar a nuestra estructura económica en manos de multinacionales.
En caso de lograrse (que lleguen las inversiones), las mieles de un proyecto basado en la inversión extranjera directa sólo se saborean en un corto plazo, debido a que, en un principio, favorecen el ingreso de dólares y aumentan la disponibilidad de divisas, permitiendo al gobierno alivios de coyuntura. Sin embargo, en un mediano plazo los problemas se agravan en la medida que las filiales remiten sus utilidades a sus casas matrices, radicadas en EEUU, Europa, Brasil, Asia, etc. También ocurre que las multinacionales se aprovechan de la laxitud de las leyes de los países débiles e imponen condiciones para su radicación o reinversión que son perjudiciales para las mayorías.
Este fue uno de los principales problemas que acechó al modelo económico anterior, que consiguió desarrollo industrial y alta tasa de empleo de la mano de trasnacionales en el marco de un programa de industrialización por sustitución de importaciones, puntal de una política mercadointernista que también permitió el desarrollo de pequeñas empresas de capital local. No obstante, durante la gestión kirchnerista las inversiones de las transnacionales extranjerizaron y concentraron fuertemente al aparato productivo nacional, haciéndolo más dependiente y generando restricción externa (falta de dólares). De acuerdo a la Encuesta Nacional de Grandes Empresas del año 2010, de las 500 empresas de mayor rentabilidad, más del 60% perteneció a capitales extranjeros, mientras que el 10% del total de las empresas encuestadas explica el 53% de las utilidades de esa cúpula empresarial.
Tomando los cómputos que arroja el Balance Cambiario del BCRA, durante la década pasada el país recibió 27.393 millones de dólares en concepto de inversión directa, mientras que las empresas giraron utilidades a sus casas matrices por 24 millones. Es decir que remitieron más del 80% de lo invertido. Remisión que se amplía si se toma en cuenta el drenaje de divisas que realizan las filiales por diferentes mecanismos opacos (pago de regalías y honorarios por el know-how, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, pago de intereses a firmas relacionadas).
Esto es posibilitado por la ley de inversiones extranjeras Nº 21.382, redactada por Martinez de Hoz y modificada por Cavallo, que otorga los mismos derechos a una empresa extranjera que a una nacional, permitiendo a la primera girar utilidades a sus casas matrices, cuando quieran y cuanto quieran. En consecuencia, lejos de asentarse en las ramas de la industria no exploradas, las inversiones se dan en los sectores altamente competitivos, reprimarizando al aparato productivo en lugar de diversificarlo. En caso de arribar al sector productivo, el capital extranjero no hace otra cosa que sacarle mercado a la burguesía nacional, puesto que la permisión del andamiaje jurídico pone a competir a una pyme con una trasnacional.
La gestión anterior, si bien no modificó la ley ni denunció los leoninos TBI (Tratados Bilaterales de Intercambio), logró frenar el drenaje de dólares a partir del 2012 con el control cambiario, negociaciones y acuerdos informales con las empresas extranjeras para la reinversión del capital. Así, frente a la estrategia del nuevo gobierno de levantar el “cepo cambiario”, solo en los primeros dos meses de 2017 se fugaron casi u$s 4.000 millones, la suma más grande desde 2003, según un informe de la Universidad de Avellaneda. Por su parte, el Observatorio de Políticas Públicas de esa casa de estudios indicó que en 2016 la salida de dólares del sistema financiero superó en un 16,8% a la de 2015 y es un 37,2 por ciento mayor al promedio de los últimos cinco años. Esta remisión se sostiene con divisas provenientes de endeudamiento externo a tasas más elevadas de las que obtienen Chile o Brasil.
Los indicadores económicos hoy presentes dan cuenta de que el programa de la alianza Cambiemos carece de sustentabilidad en el mediano plazo, por más que tengamos alguna leve mejora poco significativa en comparación a las escuálidas variables económicas del año pasado (la información oficial habla de una caída de 2,3, sin embargo consultoras privadas afirman que la caída supero los tres puntos). Inclusive, en caso de que lleguen inversiones productivas, éstas no diversificarán la estructura económica. Por el contrario, se asentarán en sectores ya explotados por su rentabilidad, como lo son: el agropecuario, minero, financiero, hidrocarburífero y/o construcción; para lo cual la flexibilización laboral es una condición sine qua non (tal cual lo manifestaron los eventuales inversionistas en el Centro Cultural Kirchner) que traerá, naturalmente, una distribución del ingreso regresiva dada por menores salarios con consecuencias negativas para el consumo y la reactivación del mercado interno.
El librecambismo, un padecimiento inexistente en los “países serios”
Imitar a los “países serios” y confiables implica prestarles atención a las economías de los países nórdicos, puesto que han logrado erradicar el hambre de su pueblo y en consecuencia sus comunidades gozan de una elevada calidad de vida. Noruega, por caso, es un país que integra el podio de las economías con más elevado PBI per cápita a nivel mundial, y lo ha obtenido en muy poco tiempo de la mano de una intervención del Estado precisa y eficiente.
Juan Manuel Ramírez Cendrero, doctor en economía de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene en un revelador informe que el equilibro de la economía noruega se basa en tres factores: un sistema impositivo progresivo, el riguroso control estatal y los dividendos provenientes del petróleo. Este recurso representa el 26% de su PBI, el 51% de sus exportaciones, el 24% de la inversión y el 36 por ciento de los ingresos que el gobierno noruego administra.
Por ser el crudo clave en el desarrollo económico de este país nórdico, el Estado controla el sector y lo explota mediante la compañía Statoil –dispone del 67% de las acciones- , también grava la producción petrolera de todas las empresas que explotan el crudo con una alícuota del 78% sobre sus ganancias netas.
La legislación noruega en materia hidrocarburífera beneficia ampliamente a la empresa estatal frente a otras firmas. La petrolera Statoil tiene las licitaciones para la explotación de las plazas más rentables y las firmas extranjeras, para participar del negocio en Noruega, deben asumir los costos de exploración de esos campos.
Asimismo, mediante el programa Intsok, establecido en 1997, utilizan parte de la renta petrolera para incentivar el desarrollo de la industria ligada a la energía, la extracción, como así también a la producción de alimentos. De este modo se consolida el holding Norsk Hydro ASA, con mayoría accionaria del Estado, que desarrolla aluminio, siendo la cuarta compañía a nivel mundial; agua pesada, energía eólica e hidroeléctrica; y fertilizantes para el desarrollo de la agricultura.
Este país escandinavo creó un ente que recomienda desinvertir en aquellas compañías que rompen con las normas éticas básicas de acuerdo a la idiosincrasia Noruega, ya sea por violar derechos humanos, dañar al medio ambiente o producir mercancías poco saludables. De este modo, el país petrolero vendió sus acciones de Wal-Mart y otras multinacionales denunciadas, fomentando la desinversión. Por el contrario, los funcionarios de nuestro gobierno descorcharían champán frente a la inversión de cualquier multinacional, sin importar su origen o esquema de negocios. Pero para mencionar un caso en donde el Estado tiene el control de los resortes claves de la economía no necesariamente debemos mirar hacia el viejo continente. Sin ir más lejos, nuestro vecino trasandino controla la explotación de los recursos mineros ya que es el principal ingreso en divisas de la economía chilena. Codelco, la principal productora de cobre del mundo, está dirigida por el Estado. Ni la dictadura neoliberal de Pinochet se atrevió a perder “la gallina de los huevos de oro”.
En consecuencia, resignarse a una inserción pasiva en el orden internacional para que las multinacionales cumplan sus estrategias globales de maximización de rentabilidad no puede ser una estrategia adecuada para los intereses del país y de sus grandes mayorías. Ninguno de los considerados “países serios”, inclusive por los mismos funcionarios del PRO, abre su economía de manera indiscriminada y supedita su desarrollo económico a los designios de trasnacionales. Ningún país en la historia logró crecer, desarrollarse y otorgar a su comunidad una elevada calidad de vida (posible sólo en los países industrializados) de la mano del librecambio o neoliberalismo.
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