Este lunes un conductor de uber hizo una presentación judicial en defensa de la plataforma, tras el amparo municipal y el consecuente fallo provisiorio de la Justicia.

La presentación fue patrocinada por el estudio Carranza Torres, según indicó Punto a Punto Diario que también difundió el encuadre legal de la misma. La argumentación se basa en que el servicio de Uber es "una actividad lícita", donde el servicio de transporte privado que prestan los particulares a terceros valiéndose de la aplicación móvil no reviste carácter de “servicio público” y por lo tanto, no está sujeta a las regulaciones específicas que comprenden otras actividades distintas (como los taxis y los remises).

A su vez destaca que Uber "no tiene autorización para funcionar como transporte público, ni es su intención solicitarla al municipio, atento a que la normativa aplicable no la exige como requisito para permitirle coordinar el transporte privado entre particulares".

En la presentación se destaca ademas que la existencia de los servicios públicos "no implica que las alternativas de prestación de dichos servicios sean una actividad prohibida, por lo que pretender que las personas tengan que pedir autorización a un organismo estatal para ejercer sus derechos de propiedad de la manera que lo crean más conveniente, sin perjudicar a terceros, afecta gravemente las garantías constitucionales de los ciudadanos e importa un freno al goce por parte de la sociedad de los beneficios de los avances tecnológicos".

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