Como parte de la aplicación de la Ley Micaela, que obliga a la capacitación en género a todas las personas integrantes de los tres poderes del Estado antes que finalice el año 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, a través de su Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, comenzará a implementar su plan de acción con el personal jerárquico del Poder Ejecutivo, personal superior, gobiernos locales y autoridades de los poderes Legislativo y Judicial.

Mientras que una segunda etapa se realizará en el año 2020, donde la capacitación estará destinada a agentes de los tres poderes, agentes municipales, integrantes de la Policía de la Provincia de Córdoba, personal del área de Educación como docentes, supervisores e inspectores, como así también colegios profesionales, universidades y otras organizaciones de la sociedad civil.

El anuncio fue concretado en la tarde del lunes durante la reunión interinstitucional encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Farfán, y representantes de los distintos ministerios y organismos del Gobierno provincial.

En la oportunidad el ministro Farfán trazó los grandes lineamientos de la puesta en marcha, cuya aplicación y monitoreo de la ley está a cargo de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas. Además valoró la importancia de formar agentes estatales en temas de género, violencias y derechos humanos y señaló que se está abierto a la incorporación de universidades y de distintas asociaciones al proceso que se está iniciando desde el Estado.

Asimismo, recalcó que las capacitaciones y la certificación de los contenidos estarán respaldadas por expertos en la temática, no sólo del país sino también del extranjero.

A su vez, Claudia Martínez, titular de la secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, destacó el interés de los distintos ministerios cuando “se les propuso la participación para implementar la ley” y afirmó que no se está “partiendo de cero, porque desde los distintos organismos oficiales se comparten este tipo de políticas y se motivan a aquellos que aún no les llegó la hora de la transformación que se está dando a nivel social”, afirmó.

Entre los principales objetivos que se persigue con la ley nacional 27.499, a la cual Córdoba primero adhirió y luego reglamentó en agosto pasado, se pretende sensibilizar al personal de la administración pública provincial en materia de género, violencias y derechos humanos; reflexionar sobre su rol en estas temáticas; brindar herramientas legales y teóricas para construir un rol de personal estatal garante de la igualdad de género, y construir modalidades de atención específicos frente a la igualdad de género.