Sin consenso en el Congreso para reestructurar la deuda
El Gobierno se vería obligado a apelar también a un DNU para “reperfilar” los plazos de la deuda en pesos bajo legislación local que por ahora postergó y aún no envió al Parlamento.
Especial para La Nueva Mañana
El presidente está solo y espera. Tras el “palazo” que le infringieron las urnas en las elecciones primarias de agosto Mauricio Macri intentó en vano comprometer al candidato más votado, Alberto Fernández, a negociar el futuro del acuerdo económico que firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Igual suerte corrió la misión del organismo internacional cuando le plantearon al candidato del Frente de Todos la urgencia de “comenzar a trabajar con la gente que llegará”, pero se encontraron con la razonable negativa de Alberto Fernández, quien aclaró que hasta que no sea presidente electo no se sentaría a discutir las condiciones de un futuro acuerdo.
“Repirfilamiento” a la vista
De esta forma, el Gobierno, acorralado por la profundización de la crisis financiera que permitió generar post Paso, anunció en soledad a través del flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, la inevitable reestructuración o “reperfilamiento” de vencimientos de la deuda pública, dejando a la Argentina en default selectivo.
Para “despejar las exigencias financieras” de aquí hasta el 10 de diciembre el Gobierno promulgó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) una serie de medidas que apuntan a posponer pagos de deuda con el fin de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenga más reservas para intervenir cuando sea necesario en el mercado cambiario y evitar que el dólar se dispare.
El decreto estableció extender los vencimientos de la deuda de corto plazo tanto en dólares como en pesos emitida en Letes, Lecaps, Lecer, Lelinks solo para personas jurídicas. La medida no alcanza a las personas humanas.
Patear la pelota hacia adelante, ése es el plan
También por esta vía, el Gobierno convocará a los bancos internacionales e inversores para iniciar un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera, un canje de bonos sin quita de capital ni intereses, al tiempo que habilita al estado argentino a iniciar un diálogo con el FMI para “reperfilar” o posponer los vencimientos de la deuda con ese organismo financiero que debería pagar el próximo gobierno entre 2020 y 2023.
Como las medidas no actuaron como un bálsamo para la turbulencia financiera el Gobierno dispuso a través de la inédita publicación del Boletín oficial el domingo último, antes del superclásico River-Boca , los decretos que establecieron el “cepo” cambiario, las restricciones de capital para las entidades financieras ,tanto para la remisión de utilidades al exterior como también dentro del país y les prohibió a las grandes exportadoras a tomar créditos en moneda local y achicó los plazos para la liquidación de divisas.
Oposición en el Congreso
No obstante, otras de las medidas anunciadas por Lacunza fue enviar al Congreso un proyecto de ley para promover una extensión voluntaria de los plazos de la deuda en pesos, en manos de tenedores locales o extranjeros, bajo legislación local.
Sin embargo, la iniciativa que iba a ingresar al Congreso el fin de semana pasado acompañada por la concurrencia el miércoles del ministro de Hacienda a la comisión bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior (creada en paralelo a la ley que autorizó en 2016 el pago a los fondos buitre) fue desaconsejado por las principales espadas parlamentarias del oficialismo, Federico Pinedo, Miguel Pichetto y Emilio Monzó, junto al ministro del Interior Rogelio Frigerio, el “ala política” del gobierno, en la reunión que mantuvieron en la Casa Rosada con Lacunza.
El cambio de estrategia parlamentaria fue hecho público vía redes sociales por el presidente provisional del Senado después de esa reunión “hasta tanto no se alcance un mínimo de apoyo al proyecto” de las bancadas de la oposición y los gobernadores peronistas.
“Que el Congreso defina la suerte del decreto tras las elecciones del 27 de octubre”
En principio, la idea, que luego se refrendó a mediados de la semana en la reunión que mantuvo en Olivos el presidente Macri con los diputados del interbloque Cambiemos, es “pulir” la redacción del proyecto e incorporar algunos pedidos opositores para enviarlo al Senado la semana entrante, a la espera de abrirle las puertas a un trabajoso y difícil acuerdo, señalaron a La Nueva Mañana diputados oficialistas que participaron del cónclave.
Por el contrario, tras las postergaciones del oficialismo, en el Senado se sucedieron las reuniones entre legisladores de la principal fuerza de oposición. Entre los senadores que integran el Frente de Todos se endurecieron las posiciones y no están dispuestos “a quedar pegados” con las decisiones que toma el gobierno de Macri con la deuda que contrajo sin consultar ni darle intervención al Congreso. Pero tampoco tomarán decisiones que puedan empeorar la situación, siempre y cuando el Gobierno no tome alguna medida que afecte de manera grosera la estabilidad financiera del próximo gobierno.
En este sentido, la postura va en línea con la directivas recibidas del candidato del Frente de Todos que se encuentra de gira por España y que dejaron trascender desde el entorno del primer candidato a diputado del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, “que el Gobierno avance con un DNU para prorrogar los plazos de los títulos de la deuda nacional y que el Congreso defina la suerte del decreto tras las elecciones del 27 de octubre”.
Como contrapartida, la postura del PJ implica que tampoco tomarán acciones para rechazar las decisiones ya tomadas por la Casa Rosada por decreto de necesidad y urgencia, las que deberán ser analizadas en los próximos días por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
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