Procesaron a una acusada de captar mujeres en Córdoba para prostituirlas

La Cámara de Apelaciones revocó el sobreseimiento de la imputada, ordenó la prisión preventiva y un embargo sobre sus bienes por 150 mil pesos.

La mujer está acusada de ser partícipe del delito de trata de personas con fines de explotación sexual. - Foto: gentileza Claudia Conteris / Ministerio Público Fiscal

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó este martes una sentencia que había dictado el sobreseimiento de una mujer acusada de ser partícipe del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, y la procesó con prisión preventiva.

Además, según publicó el portal Fiscales.gob.ar, la Sala le trabó a la acusada un embargo sobre sus bienes por 150 mil pesos.

La medida se produjo luego del recurso de apelación que fue interpuesto por el fiscal a cargo de la causa, que investiga a una organización que se dedicaba a captar mujeres y explotarlas sexualmente a través de un sitio web.

Los camaristas también confirmaron lo dispuesto por el juzgado de instrucción respecto a la pareja de la imputada (su procesamiento con prisión preventiva), pero modificaron la calificación legal de "promoción y facilitación de la prostitución ajena" por la del delito de trata de personas, tanto de mayores como de menores de 18 años.

Captaban mujeres en Córdoba

La pareja está acusada de manejar una red de prostitución junto a otros imputados a través de un portal que era administrado por el hombre y mediante el cual captaba a mujeres en Córdoba, para luego trasladarlas a Rosario y ahí ofrecer sus servicios sexuales a cambio de dinero. 

Dentro de la organización, la Justicia determinó que la acusada tenía la tarea de fotografiar a las mujeres para subir las imágenes a la web. En esa línea, la Sala B consideró que este rol "constituye una modalidad delictiva de promoción de la prostitución de personas adultas".

En tanto, los dos imputados restantes realizaban idéntica actividad en otro departamento en la ciudad de Córdoba; y los otros dos acusados ya fueron condenados y hay una imputada más que está prófuga.

La causa se inició en 2012, dos años después se hicieron los allanamientos, y en noviembre de 2018 se dispuso el sobreseimiento de la imputada. Tras conocerse esa resolución, el fiscal federal Enrique Senestrari interpuso un recurso de apelación, en el que remarcó que las tres mujeres "desempeñaron un rol específico en la cadena delictiva dedicada a la captación, traslado y acogimiento, mediante abuso de situación de vulnerabilidad, con finalidad de explotación sexual de mujeres".

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