Con 170 votos a favor, limitan las excarcelaciones por delitos aberrantes
La Cámara de Diputados de la Nación sancionó por 170 votos a favor, contra 8 negativos y 7 abstenciones, la modificación de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad.
El proyecto limita las excarcelaciones a condenados por violaciones, muertes por torturas, robos a mano armada, trata de personas o narcotráfico.
Quienes rechazaron el proyecto fueron Pablo López, Soledad Sosa, Juan Carlos Giordano, Nathalia González (Frente de Izquierda), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Julio Raffo (Diálogo y Trabajo) y Jorge Taboada (Chubut Somos Todos).
En el texto original estaban incluidos el homicidio simple y el contrabando, pero luego de una reforma en el Senado fueron excluidos. En la Cámara alta también se corrigieron las "excesivas" facultades que se otorgaban al Servicio Penitenciario, para que sea el juez de ejecución penal –con intervención de las víctimas– el que decida sobre la concesión de las salidas anticipadas.
"Con esta ley empieza a cerrarse la puerta giratoria", destacó el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Luis Petri (UCR), quien remarcó que a partir de ahora "las condenas serán cumplidas de manera íntegra".
Esta normativa volvió a ocupar la agenda pública en abril luego del crimen de Micaela García, quien fue asesinada por Sebastián Wagner, que confesó el hecho e involucró a su jefe. Wagner estaba en libertad condicional tras ser condenado a nueve años de prisión por dos casos de abuso sexual.
El proyecto modifica la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad y, entre los puntos más importantes, agrega más delitos al artículo en el que se establece en qué casos el detenido no puede acceder al beneficio de la libertad anticipada.
En su momento, hasta la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, se reunió con senadores y bregó por la aprobación de la ley: "Hoy, a la mitad de la condena los presos pueden pedir salidas transitorias y lo que pasaba es que muchos no vuelven y vuelven a delinquir. Con esta modificación a la Ley 24.660, lo que ocurrirá es que los condenados por delitos violentos no van a poder tener ese beneficio".
Dos de los impulsores son Matías Bagnato y Carolina Píparo, que perdieron familiares en hechos delictivos, presentes en el recinto: "Esta ley propone dejar de depender de jueces inoperantes y que los homicidas, violadores, delincuentes que no piensan en la vida del resto, matan sin ningún tipo de importancia y destruyen familias argentinas tengan que cumplir la totalidad de la pena", expresó en un video Bagnato antes de la votación.
"Es una manera importantísima de empezar a combatir esta terrible inseguridad que vivimos hoy en la Argentina", resumió.
Al principio del debate y ante familiares de víctimas, la diputada Graciela Camaño, de Federal Unidos por una Nueva Argentina, celebró el tratamiento del tema y lo consideró “un paso muy importante que estamos dando”.
En tanto, el diputado Juan Carlos Giordano manifestó que, ante el proyecto de ley que limita las excarcelaciones, el Frente de Izquierda presentó un dictamen de minoría. Y explicó que “esta reforma salió después del femicidio de Micaela García pero el aumento de las penas es una política que fracasó”.
“Hay que gobernar por más prevención”, afirmó Giordano, en base a un documento firmado por el colectivo Ni Una Menos.
La diputada Diana Conti puso reparos sobre el texto y explicó que el Frente para la Victoria dio libertad de acción sobre el proyecto.
“No lo considero una medida apropiada para luchar contra la inseguridad ni para favorecer a las víctimas de los delitos -dijo Conti-. No protegemos a ningún delincuente pero estamos aferrados a la defensa de los derechos humanos”.
En similar sentido se expresó la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, quien consideró que “este proyecto no va a mejorar ni la seguridad del pueblo, ni cambiar la inseguridad que sufrimos las mujeres todos los días”.
La diputada Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, también se manifestó en contra, al considerar que el texto “tiene ciertas vetas que pueden ser malinterpretadas” ya que “puede dar fundamento a represión de protesta social”.
Araceli Ferreyra, del Peronismo para la Victoria, pidió que “no se recorten fondos en el Consejo Nacional de la Mujer” y consideró que “den la oportunidad de crear políticas realmente preventivas”
Fuente: Infobae / Diputados Argentina