"El Plan Nacional de Discapacidad es un anuncio para tapar el recorte en las pensiones"

Organizaciones de personas con discapacidad –como REDI y la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes– advirtieron que el Plan Nacional de Discapacidad 2017-2019, lanzado por el presidente Mauricio Macri y la vice Gabriela Michetti el 11 de mayo en el Centro Cultural Kirchner, “carece de contenido” y ni siquiera tiene presupuesto.

El plan viene siendo presentado como un tema de Estado a cargo de Michetti, que en aquel acto habló de una respuesta integral, “con el involucramiento del gobierno, la sociedad civil y el sector privado” y aseguró que el programa hará “que en la Argentina el tema de la discapacidad pase a ser muy distinto de lo que es hoy”. En simultáneo con esta promesa, el gobierno comenzó a dar de baja de manera masiva las pensiones por discapacidad, medida que hasta ahora no ha revertido. 

Tras el acto en el CCK, que tuvo una generosa difusión mediática y una acotada participación de organizaciones, en su mayor parte de prestadores de servicios, los integrantes de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) mandaron una nota a Michetti para pedirle “precisiones sobre el desarrollo” del programa, ya que  como organizaciones de discapacitados no habían tenido ninguna otra noticia del programa que la de los diarios, ni habían sido convocados a participar de su desarrollo.

Al mismo tiempo, REDI impulsó un pedido de acceso a la información pública, en el que solicitó las bases del Plan. “Cuando el Estado pone en marcha la elaboración de un programa nacional se inicia un expediente, con un número. Nosotros pedimos ver qué había, qué tenía adentro. Nos contestaron que ni siquiera existía el expediente: no hay nada detrás de los anuncios”, señaló en una entrevista de PáginaI12, Ana Dones, de la Red.

Michetti no contestó la nota con la que reclamaron precisiones. Sí lo hizo la Conadis (el órgano rector del Estado para las políticas de discapacidad), a la que habían enviado una copia de la nota a la vicepresidenta. El titular de la Comisión, Javier Ureta Sáenz Peña, los citó a una reunión para hoy.

El funcionario acaba de asumir como coordinador del Plan, tras dejar el ministerio de Medio Ambiente, donde fue secretario de Control y Monitoreo Ambiental. Ese alejamiento ocurrió luego de que su nombre quedara vinculado a una cuestionada licitación para la compra de cincuenta colectivos eléctricos que el ministro Sergio Bergman anuló a raíz de denuncias de corrupción. Ureta asegura que su mudanza no tuvo relación con el caso, sino que se trata de un “crecimiento profesional”.

Presupuesto Cero

Inés Castellano, de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (Fadepof), coincide con la preocupación de los integrantes de REDI. “El plan fue lanzado con la intención de ser un programa nacional, pero no tiene contenidos reales”.

“Lo lógico y razonable es hacer un lanzamiento cuando hay un programa desarrollado, no como lo hicieron en este caso. Tampoco están haciendo reuniones con las organizaciones de discapacitados: no que nosotros sepamos. Debió haberse tenido en cuenta a los protagonistas para poder responder a las necesidades de quienes tienen una discapacidad. Esto es parte del reclamo del colectivo: lo que planteamos es que no hemos sido convocados para discutir un plan que se supone dirigido a atender nuestras necesidades”.

Castellano asegura que el plan “ni siquiera tiene presupuesto”. Lo mismo advirtió Eduardo Joly, titular de la Fundación Rumbos.

El malestar de las personas discapacitadas y sus familiares se acrecentó al sentirse utilizados por las estrategias de marketing del PRO, que hizo el lanzamiento oficial del Plan días antes de que el ministerio de Desarrollo Social diera de baja 83 mil pensiones por invalidez, argumentando una “depuración” del padrón, en un cambio radical de las políticas del Estado hacia los más vulnerables. Entre los hechos por los cuales el gobierno dejó a más de 70 mil discapacitados sin su pensión –para lo que sacó del cajón a un decreto menemista de 1997, que pasa a los solicitantes por el tamiz de mayores requisitos– está por ejemplo que tengan un auto o familiares con beneficios previsionales.

En la mayoría de los casos, las suspensiones se ejecutaron sin aviso, por lo que los beneficiarios del programa se enteraron al ir a cobrar las pensiones. Desarrollo Social no les pidió información para aclarar sus situaciones patrimoniales.

Al mismo tiempo, fueron desmontados los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro con discapacidad.

La aplicación del decreto 432 firmado en 1997 por Carlos Menem permitió hacer una poda mayor de los subsidios a Cambiemos, que ya desde antes venía ensayando esta política con otro recurso, el de negar los Certificados Unicos de Discapacidad (CUD) o no renovarlos. 

REDI cierra su pedido de informes a Michetti con una reflexión. “El tener una discapacidad no debiera bajo ningún punto de vista ubicarnos como receptores de caridad, personas dadoras de amor ni nada que deba causar sensiblería, y esto no debiera ser promovido por el Estado Nacional. Las personas con discapacidad hemos luchado y seguimos haciéndolo, por ser titulares de derechos y en este sentido, no debiéramos dar un paso atrás. Tampoco queremos ser ejemplo de vida y resulta perjudicial para el colectivo que usted nos muestre así. Dentro de la lástima, del amarillismo y de la sobrevaloración, existe la misma raíz: una profunda discriminación de la que no debiera ser parte el Estado Nacional”.