Este jueves finalmente se conocerá la sentencia por la causa Cordubensis (CBI) cuando se lea el veredicto, según confirmó a La Nueva Mañana, el abogado de la mayoría de los ahorristas privados querellantes, Carlos Nayi. 

De esta manera, finaliza un largo proceso de cinco años y medio de instrucción y debate oral de una parte del expediente desde aquel 14 de febrero de 2014, cuando se conoció la muerte del vicepresidente de CBI, Jorge Suau.

"Se adelantó la fecha de última palabra y veredicto en la causa histórica de CBI, será mañana 9:30 y la cita es en el Tribunal Oral Federal N 2 de Córdoba", detalló el letrado y agregó que quienes cometieron "los delitos de guantes blancos están sentado en el banco de los acusados. Córdoba tiene la posibilidad en sus manos de mostrar que la Justicia aquí funciona".  

Estaba previsto que la lectura fuera el viernes 28, pero este miércoles se conoció que el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) resolvió que adelantarlo al jueves.

Momentos previos a la sentencia, el titular de la financiera, Eduardo Rodrigo, habló ante el tribunal. "Cuando a mí me ponen preso, el doctor Sonzini Astudillo me vino a visitar. Le expliqué que no tenía ninguna posibilidad de contratarlo, y él insistió. Quiero agradecerle por eso. Les costó creerme con el tiempo me terminaron creyendo y convencidos de lo que les contaba", dijo.

Y agregó: "Nunca imaginé estar acá. Toda la vida desarrollé mi vida profesional como cualquier profesional. Nunca hicimos esto con la finalidad de cometer ilícitos y generar organizaciones para cometer ilícitos. Desde el principio del proceso siempre intenté esclarecer estas situaciones poniéndome a disposición. Debo haber estado 80 horas declarando. En más de la mitad, contestando preguntas y preguntas. He intentando aportar cosas que permitiesen esclarecer la realidad de la empresa”-.

El fiscal Gonella, a cargo de la investigación, solicitó penas elevadas de prisión para Rodrigo y sus socios en la financiera CBI, como así también multas multimillonarias. Para el ex presidente de la financiera solicitó 11 años de prisión y una multa de más de mil millones de pesos.

"El país nos está mirando, por primera vez en la República Argentina a partir de la introducción del artículo 310 a nuestro Código Penal argentino, del delito contra el orden económico y financiero, se juzga la intermediación financiera no autorizada y agravada", indicó Nayi.

Durante la solicitud de las penas el 12 de junio pasado, el fiscal enumeró y detalló la prueba documental y testimonial que recae sobre cada uno de los acusados, el rol desempeñado al interior de la estructura de la estructura de CBI Cordubensis y el grado de participación en el accionar delictivo.

"Están todas las expectativas porque la querella entiende que la prueba ha sido presentada a lo largo de seis meses de juicio oral y público", precisó el abogado sobre los más de 100 cuerpos de expedientes y 24.000 fojas del caso.  Para Nayi, "hay un cuadro convictivo en sentido incriminante, compacto, hilvanado", que ubican a los acusados en un "claro plano delictivo". 

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