CBI: piden 11 años de prisión y multa millonaria para Eduardo Rodrigo

La Fiscalía General a cargo de Carlos Gonella pidió una condena de 11 años de prisión para Eduardo Rodrigo, al considerar acreditado su papel de jefe de una asociación ilícita que, bajo la apariencia legal brindada por la firma CBI Cordubensis millonarias maniobras de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, evasión, estafas y defraudación por retención indebida.

Además, solicitó el pago por parte del empresario de una multa millonaria superior a los mil millones de pesos, la inhabilitación para ejercer como contador por el doble tiempo de la condena y prohibición de obtener beneficios fiscales de cualquier tipo por 10 años.

Además de Rodrigo, en este primer tramo de la megacausa son juzgadas otras 15 personas que habrían intervenido en uno o varios de los 78 hechos imputados. En la etapa de instrucción, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari.

Asimismo, Gonella enumeró y detalló la prueba documental y testimonial que recae sobre cada uno de los acusados, el rol desempeñado al interior de la estructura de la estructura de CBI Cordubensis y el grado de participación en el accionar delictivo.

Entre los elementos que incriminan a Rodrigo, el representante del Ministerio Público Fiscal hizo mención al libro que el acusado publicó años atrás bajo el título "CBI, la Caída" ya que si bien la defensa se negó a que sea incorporado como prueba en el juicio, su contenido implica el reconocimiento material de los hechos traídos a debate.  Según la Fiscalía, en esa publicación editada en 2014, Rodrigo ensayó una justificación cultural de la evasión y la "función social" de las cuevas a la hora de suministrar financiamiento informal a gente que no exteriorizó formalmente sus ahorros ante la supuesta imposibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales.

"Se encuentra acreditado más allá de toda duda razonable que el acusado Eduardo Rodrigo, en carácter de presidente de CBI, desde 2012 organizó y dirigió una asociación ilícita financiera, conformada con otras personas para cometer intermediación financiera no autorizada, fraudes fiscales y privados, delitos cambios, y lavado de activos", remarcó la Fiscalía. 

Cabe destacar que CBI contaba con dos locales de acceso público ubicados en importantes zonas comerciales de la capital provincial, funcionó hasta el 14 de febrero de 2014.

Por otro lado, Gonella también pidió penas de siete años de cárcel y multas por 681 millones de pesos a los socios Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada y Oscar Américo Altamirano; y para Daniel Arnoldo Tissera, el cuarto socio, solicitó cuatro años de prisión y 340 millones de multa.

Para el arrepentido Miguel Ricardo Vera, a pesar del rol que ocupó en la investigación, la fiscalía pidió diez años de prisión y 1.400 millones de pesos de multa. Gonella afirmó que aún no hay elementos que justifiquen atenuar la pena.

También pidió seis años y seis meses de prisión y 82 millones de pesos de multa para Diego Ariel Sarrafian. Darío Onofre Remonda, empresario de Centro Motor, tendría una pena de tres años de prisión en suspenso y 102 millones de pesos de multa, de acatarse el pedido del fiscal.

El fallo definitivo del Tribunal Oral Federal 2 se conocería el próximo jueves 27 de junio.