CBI: Banco Central y UFI pidieron 11 y 15 años de prisión para Rodrigo

Durante la tercera jornada de la alegatos del juicio que investiga irregularidades en la financiera CBI, las representantes de la querella por el Banco Central de la República Argentina y los de la UFI pidieron que el ex titular de la firma sea condenado a 11 y 15 años de prisión, respectivamente.

Según entendieron Florencia Bianchi y Adriana Siri, en representación del BCRA Eduardo Rodrigo debería recibir 11 años de prisión al culminar el proceso que se desarrolla en al TOF3 de la Justicia Federal de Córdoba.  

También solicitaron penas para los demás acusados: 5 años para Darío Onofre Ramonda, 6 para Daniel Arnoldo Tissera, 7 años para Oscar Américo Altamirano, 7 para Julio César Ahumada, 3 años para Diego Ariel Sarrafian, 3 años para Luis De los Santos, 7 para Aldo Hugo Ramírez, 8 años para Vera, 4 años y 6 meses para Castro, 4 años y 6 meses para Bertorello y 3 años de prisión condicional para Lucas Sebastián Bulchi.

Martín Olari Ugrotte y Gabriel Merola, representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), solicitaron por su parte: 15 años para Eduardo Rodrigo, 11 años para Ramonda, 13 para Tissera, 13 años para Altamirano, 13 para Ahumada, 5 años para Sarrafian, 5 años para De los Santos, 13 para Ramírez, 14 años para Vera, 5 para Castro, 4 para Bertorello, y 3 años para Di Rienzo, Moeno Nuñez, Divina y Bulchi.

Ayer también el abogado Carlos Nayi, en representación de la mayoría de los accionistas privados, amplió el pedido de penas y solicitó 8 años de prisión para Ariel Sarrafian. "Solicité una multa equivalente a tres veces el monto de la operatoria ilegal y pedí que la Justicia de lnCren investigue a todos los titulares de cuentas corrientes cuyos cheques ingresaba Sarrafian a CBI y fueron todos devueltos por un monto de 80.000.000 millones de pesos para que se investigue la probable comisión de delito", precisó Nayi a La Nueva Mañana.

Las audiencias continúan este jueves con uno de los alegatos centrales: el que estará a cargo del fiscal federal Carlos Gonella.