Las familias organizadas de El Escondido- La Encrucijada, dos pequeños poblados ubicados en el departamento de Río Seco, en el norte cordobés, denunciaron a los hermanos Pablo y Javier Plomer por realizar desmontes ilegales en cientos de hectáreas.

Los habitantes exigen que las autoridades intervengan y apliquen la Ley 9814. "En las últimas semanas se ha constatado la desaparición de cerca de 40 hectáreas de los montes más altos de la zona. El territorio en cuestión es de un alto valor de conservación y es área protegida, incluso internacionalmente como sitio Ramsar", señalaron  a La Nueva Mañana.

La comunidad de La Encrucijada es la puerta de entrada a la Reserva de los Bañados del Río Dulce. Se ubica a 30 kilómetros en dirección este de Sebastián Elcano, bajando en picada hacia la depresión de Mar Chiquita.

Igual que muchas otras comunidades campesinas del norte cordobés, el "progreso" pregonado por la agricultura industrial la sacudió en su esencia. Es así que desde 2003, el encierre de campos, el desmonte indiscriminado y el cambio de manos de la tierra fue destruyendo un modo de vida y una forma de economía ancestral, basada en la armonía con la naturaleza.

El Escondido, se ubica al norte de La Encrucijada. Allí cerca de veinte familias vienen desarrollando una lucha desigual para poder sobrevivir.

"Desde el año 2009, cuando los hermanos Pablo y Javier Plomer, llegaron arrendando campos y comprando algunas posesiones, la destrucción de la vida comunitaria se precipitó. El camino que une el Paraje El Escondido con la escuela, el dispensario y los negocios de La Encrucijada, fue desviado, borrado y cercado decenas de veces", contaron los vecinos a La Nueva Mañana.

Además, agregaron que "ese camino tenía más de 150 años de uso comunitario y pese a la resistencia y las denuncias, fue apropiado por los empresarios de la zona de Toledo. Esto dificultó que la maestra de la escuela Primera Junta y la enfermera del dispensario pudieran llegar a La Encrucijada a prestar sus servicios".

La comunidad elevó sus reclamos, cortó alambres y candados, pero aseguran que jamás hubo respuesta ni amparo.

Los habitantes dicen que "hay que tener temple para aguantar la fumigación, la desaparición del ambiente de vida, vivir saltando alambres e incluso ser objeto de aprietes y amenazas. El Estado debe estar presente para hacer cumplir la ley. La Policía Ambiental sólo pasea sus camionetas por el territorio y se vuelve ciega a las topadoras y sorda al llanto de quebrachos, algarrobos y mistoles".