El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó información al Gobierno nacional sobre el diagnóstico que motivó la decisión de comprar armas eléctricas, las normativas y protocolos que servirán como guía de actuación y los mecanismos de control que piensan implementar.

El organismo de derechos humanos indicó además que las armas Taser son presentadas como de un grado de letalidad menor. En ese sentido, advirtió que “la experiencia internacional demuestra que esa categorización conduce al uso indiscriminado, ya que los funcionarios suponen que pueden utilizarlas con menos restricciones que a las armas letales”.

A su vez, explicó que un estudio realizado por Amnistía Internacional en los Estados Unidos se mostró que de 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007, sólo 33 portaban armas, y sólo cuatro de ellos armas de fuego. Es decir, más del 90% de las víctimas fatales estaban desarmadas.

Además, frente a la falta de diagnósticos y detalles de la aplicación y capacitación, el CELS repasó en un comunicado los estándares y recomendaciones para la implementación de estas armas. Por ejemplo, las armas Taser, al igual que las armas letales, deben ser usadas exclusivamente en situaciones extremas, cuando exista una amenaza real e inmediata para la vida o riesgo de heridas graves, en sustitución de armas letales.

Por otra parte, se debe utilizar un modelo de Taser que permita limitar el tiempo de duración de la descarga a cinco segundos. Si la descarga supera los 15 segundos el riesgo de muerte se eleva significativamente.

Finalmente, el organismo aseguró que antes que discutir la incorporación de más armas, lo que debería estar en discusión es el modelo integral de uso de la fuerza policial. “En un modelo que promueve el uso excesivo de la fuerza, cualquier arma puede ser un problema, aun las ‘menos letales’”, sentenció.